Con este título la Escuela de Economía de la USFQ recientemente público un documento que lo señala como ”un aporte de la academia con elementos de discusión y análisis presentados para contribuir propositivamente al debate de la actual crisis en tiempos de guerra al terrorismo”.
Partiendo de su conclusión a este valioso documento que las autoridades del país deberían revisar, analizar con pensamiento crítico relacionado con el desarrollo del Ecuador para el resto del S. XXI. ” Donde posponer un ajuste fiscal responsable es cada vez más inviable. Solo con un manejo prudente de las finanzas públicas y un modelo económico sostenible se podrá superar la crisis y sentar las bases de un Ecuador más próspero e inclusivo”.
Debido a la evolución del gasto público y crecimiento sin justificativo a más que del interés político del sector público desde el 2007, esto ha causado un gravísimo problema estructural que debe ser abordado de modo urgente. Donde el primer paso hacia la corrección de este rumbo errado es buscar un Estado más eficiente, que gaste mejor y por ende requiera menos recursos para su funcionamiento. Una reducción de personal, por lo general, está intrínsecamente ligada a una mayor eficiencia operativa, a la eliminación de trámites innecesarios y a mejoras significativas en la prestación de servicios al público.
El Ecuador ha perdido su norte a partir de una Constitución garantista por cerca de tres lustros sin lograr salir del entrampamiento para desarrollar estrategias que le permitan solventar sus problemas fiscales, frecuentemente en detrimento de llevar adelante políticas orientadas al crecimiento económico y bienestar social. La falta de visión para identificar y establecer objetivos de largo plazo como agenda nacional de desarrollo y política de Estado; más un enfoque fiscalista de corto plazo agravado por la afectación por la pandemia COVID 19 han implicado sacrificios y limitaciones a la capacidad del país para implementar estrategias para un desarrollo sustentable.
Sin embargo, es crucial reconocer que, si bien el ordenamiento de las cuentas fiscales es esencial, no debe ser el único objetivo porque el país no ha experimentado crecimiento, pero, en términos “per cápita”, ha sufrido una contracción económica. Para revertir esta situación es necesario aliviar así la carga financiera que actualmente soporta el sector privado, al que permanentemente se le agregan nuevos impuestos sin intentar realizar los cambios necesarios a la estructura estatal ineficiente y de baja productividad que afecta el potencial productivo del país.
La solución al problema fiscal debe ser rápida, pero más importante aún, debe estar orientada a fortalecer la participación y desarrollo del sector privado en la economía, al tiempo que contribuye a la consolidación macroeconómica y al financiamiento de políticas públicas indispensables en materia de protección social, acceso a la salud, a la educación y la seguridad interna y externa del país. Una prestación de servicios públicos más ágiles y centrados hacia una gestión más eficiente y enfocada en resultados, son fundamentales para aumentar la confianza en las instituciones públicas.
El documento indica como necesario realizar una modificación del Reglamento a la LOSEP –mediante un Decreto Ejecutivo que modifique el Reglamento General indicando que para la liquidación de servidores públicos el valor que corresponde será pagadero en efectivo y/o Bonos del Estado, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria que certifique el ente rector de las finanzas públicas. Esto siempre respetando el debido proceso y los derechos de los servidores y trabajadores públicos, donde el Estado puede emplear cualquiera de estos mecanismos para finalizar la relación laboral.
Existe un riesgo legal de restitución de funcionarios. Para mitigarlo, se recomienda establecer un proceso estandarizado y normado por el Ministerio de Trabajo y, de ser posible, en colaboración con la Función Judicial, para prevenir fallos judiciales a favor de los servidores desvinculados y condicionados a que devuelvan el dinero entregado por concepto de indemnización o compensación si gana esos litigios.
Reestructurar el Estado a nivel zonal y provincial podría resultar en ahorros significativos y en una mayor eficiencia. Este enfoque no solo optimizaría los recursos, sino que también garantizaría que la presencia estatal en diversas regiones se alinee mejor con las necesidades y realidades locales, potenciando así la efectividad de la administración pública. Centrar la optimización de recursos en proyectos de infraestructura, especialmente en saneamiento, es crucial para combatir la desnutrición crónica infantil, un desafío significativo en el país. Estas medidas podrían ser un paso efectivo hacia la consolidación de una gestión financiera más sostenible y responsable en los GADs.
Es importante para el Ecuador demostrar que en tiempos de dificultades fiscales y desafíos económicos es posible identificar y realizar ahorros significativos en el gasto público. El estudio ha estimado en más de $2,800 millones, sin necesidad de recortes dramáticos ni de medidas que afecten a sectores sociales clave y comentando que ”con voluntad política y liderazgo se pueden tomar decisiones valientes, como la eliminación/fusión de entidades improductivas, la racionalización de subsidios mal focalizados, y reformas para impulsar la inversión privada y el crecimiento económico”.
