El Consejo de la Judicatura (CJ) no cumplirá con la creación de la unidad especializada de jueces constitucionales, uno de los mandatos claves aprobados en la consulta popular del 21 de abril de 2024.

El plazo para implementar esta unidad vence el próximo 9 de mayo, pero la institución está paralizada por una grave crisis interna.

Actualmente, el CJ opera con solo tres de sus cinco vocales, lo que impide el quórum necesario para sesionar con normalidad. A pesar de que el reglamento permite sesiones con tres miembros, la ausencia reiterada de una vocal ha impedido cualquier avance.

El conflicto se intensificó el pasado 16 de abril, cuando el presidente del CJ, Mario Godoy, intentó instalar una sesión para tratar el reglamento que permitiría elegir a los nuevos jueces constitucionales.

Sin embargo, la vocal Solanda Goyes se opuso, se levantó y abandonó la sala, rompiendo el quórum. Una segunda convocatoria ese mismo día también fracasó por su inasistencia.

El 22 de abril, Godoy volvió a convocar sin éxito: solo asistió la vocal Yolanda Yupangui. “Yo seguiré convocando al pleno”, declaró Godoy, sin ocultar su frustración ante el boicot institucional.

El mandato ciudadano, en el limbo

El mandato popular establecía que la nueva unidad debía estar operativa en 30 días, pero con el CJ virtualmente inactivo, ese compromiso no se cumplirá.

A esto se suma que los vocales actuales debían haber dejado sus cargos en enero de 2025, pero el proceso para reemplazarlos también está congelado.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no avanza en el concurso para designar nuevas autoridades, y el presidente Daniel Noboa aún no ha enviado la terna que debía presentar en diciembre pasado.

El enfrentamiento entre Godoy y Goyes ha escalado hasta las redes sociales, donde ambos se han lanzado acusaciones públicas, mientras la Judicatura se hunde en una crisis de gobernabilidad y legitimidad.

A esto se suman denuncias de presión judicial como la que realizó recientemente la jueza Nubia Vera, quien afirma que Godoy intentó influenciar su fallo en un caso contra Verónica Abad.