El Gobierno Nacional analiza reformas para permitir el ingreso de la Policía Nacional a escuelas y colegios del país cuando existan situaciones de “peligro cierto” que amenacen la seguridad de estudiantes y docentes. La medida busca fortalecer la protección en los entornos educativos, en respuesta al aumento de hechos violentos registrados en algunos planteles.

La propuesta fue anunciada por voceros del Ejecutivo como parte del plan Nos Cuidamos, que incluye el envío de un acuerdo ministerial para reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La iniciativa contempla también la creación de un Comité Nacional de Emergencias Educativas, la revisión de protocolos de seguridad, y ajustes en los horarios escolares en zonas consideradas de alta peligrosidad.

Según el Gobierno, el ingreso policial no equivaldrá a allanamientos, sino a acciones coordinadas, proporcionales y respetuosas de los derechos de los menores. La vocera Carolina Jaramillo explicó que esta intervención se aplicará únicamente cuando existan amenazas claras como microtráfico, extorsión, violencia o presencia de armas.

El anuncio se da luego de varios incidentes que encendieron las alertas, entre ellos agresiones entre estudiantes y hallazgos de armas blancas en centros educativos de Quito. Aunque el marco legal actual ya permite el ingreso de la fuerza pública en casos de flagrancia o con orden judicial, el Ejecutivo busca ampliar esta posibilidad a contextos de riesgo inminente.

La medida ha generado inquietudes en sectores como la Unión Nacional de Educadores (UNE), que advierten sobre la necesidad de acompañar estas acciones con políticas sociales más integrales y han solicitado declarar en emergencia el sistema educativo. Desde el Gobierno se insiste en que el enfoque principal será garantizar un entorno seguro, sin vulnerar los derechos de los estudiantes.