Tribunal de Londres falló a favor de Julian Assange y podrá apelar extradición a EEUU

May 20, 2024

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, podrá apelar contra su extradición a Estados Unidos por cargos de espionaje, según decidió el lunes un tribunal de Londres. Esta resolución podría prolongar aún más la ya extensa saga legal.

Los jueces del Tribunal Superior, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, determinaron que Assange tiene fundamentos para impugnar la orden de extradición emitida por el gobierno del Reino Unido.

Al conocerse el fallo dentro de las Reales Cortes de Justicia, los seguidores de Assange, que se encontraban fuera del tribunal, aplaudieron y vitorearon la noticia.

En marzo, dos jueces rechazaron la mayoría de los argumentos de Assange, pero permitieron que llevara su caso al Tribunal de Apelaciones, siempre y cuando Estados Unidos garantizara que no enfrentaría la pena de muerte si era extraditado y que tendría las mismas protecciones de libertad de expresión que un ciudadano estadounidense.


Un militar fallecido y otro desaparecido en la frontera norte


El tribunal señaló que si Assange, ciudadano australiano, no podía confiar en la Primera Enmienda, entonces su extradición podría ser incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos, que también protege la libertad de expresión y los medios de comunicación.

Aunque Estados Unidos ha ofrecido ciertas garantías, el equipo legal de Assange y sus partidarios sostienen que no son suficientes para justificar su envío al sistema judicial estadounidense.

Estados Unidos ha afirmado que Assange podría intentar acogerse a los derechos y protecciones de la Primera Enmienda, pero que la decisión final recaería en un juez. Anteriormente, Estados Unidos había indicado que argumentaría en el juicio que Assange no tiene derecho a protección constitucional por no ser ciudadano estadounidense.

«Estados Unidos solo ha ofrecido palabras engañosas, afirmando que Julian puede ‘intentar’ acogerse a la Primera Enmienda si es extraditado», dijo su esposa, Stella Assange. «La nota diplomática no alivia nuestra extrema angustia sobre su futuro: la sombría perspectiva de que pase el resto de su vida aislado en una prisión estadounidense por publicar periodismo galardonado».

Assange, de 52 años, enfrenta 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de computadoras por la publicación en su sitio web de una gran cantidad de documentos clasificados estadounidenses hace casi 15 años. Los fiscales estadounidenses alegan que Assange alentó y ayudó a la analista de inteligencia del ejército estadounidense Chelsea Manning a robar cables diplomáticos y archivos militares que publicó WikiLeaks.

Cerca del tribunal, los transeúntes no podían evitar ver un gran cartel con la fotografía de Assange y las palabras: «Publicar no es un delito. Los crímenes de guerra lo son». Decenas de simpatizantes se reunieron frente a los neogóticos Tribunales Reales de Justicia coreando «Liberen a Julian Assange» y «Libertad de prensa, libertad para Assange».

Algunos portaban una gran pancarta blanca dirigida al presidente Joe Biden, pidiendo: «Déjalo ir, Joe».

Los abogados de Assange afirman que podría enfrentar hasta 175 años de prisión si es declarado culpable, aunque las autoridades estadounidenses han dicho que la sentencia probablemente sería mucho más corta.

La familia y los partidarios de Assange aseguran que su salud física y mental se ha deteriorado durante más de una década de batallas legales, incluyendo siete años en la Embajada de Ecuador en Londres, desde 2012 hasta 2019. Ha pasado los últimos cinco años en una prisión de alta seguridad en el Reino Unido.

Los abogados de Assange argumentaron en febrero que él es un periodista que expuso irregularidades militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Enviarlo a Estados Unidos, dijeron, lo expondría a un procesamiento por motivos políticos y al riesgo de una «flagrante denegación de justicia».

El gobierno de Estados Unidos sostiene que las acciones de Assange fueron más allá de las de un periodista que recopila información, constituyendo un intento de solicitar, robar y publicar indiscriminadamente documentos gubernamentales clasificados.

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