El defensor del Pueblo (e), César Córdova, se pronunció sobre las condiciones en los centros de privación de libertad del país y enfatizó la necesidad urgente de que el Estado ecuatoriano tome medidas para garantizar y proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad, citando repetidas alertas y denuncias de tortura y malos tratos.
Explicó que, en respuesta a las denuncias, la institución ha realizado 82 visitas a centros de rehabilitación en los meses de abril y mayo, constatando la existencia de agresiones contra los internos y condiciones inadecuadas de alimentación, donde en algunos casos solo se proporciona una ración al día, en lugar de las tres raciones diarias establecidas por normas internacionales.
Este incumplimiento, afirmó, podría considerarse una forma de tortura, lo cual ha llevado a la Defensoría a intervenir de manera más activa, incluyendo la presentación de más de 25 denuncias ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen posibles vulneraciones a los derechos humanos.
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Córdova también destacó que entre el 9 de febrero y el 7 de marzo se registraron 24 muertes en los centros, 11 de ellas violentas y tres con motivos desconocidos, el resto por causas naturales. Subrayó la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano en estas muertes, ya sean violentas o naturales. Insistió en que se debe trabajar para alcanzar estándares internacionales donde no ocurran muertes violentas dentro de los centros de rehabilitación.
En cuanto a las acciones del gobierno, el defensor mencionó que, a pesar de la intervención de las Fuerzas Armadas, ahora corresponde al SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad) asumir el control efectivo y la administración de los centros de rehabilitación. Sin embargo, para que esta transición sea exitosa, es crucial que el Ministerio de Finanzas asigne el presupuesto necesario para rehabilitar los centros, muchos de los cuales fueron dañados en operativos de búsqueda de armas y drogas.
Expresó preocupación por el futuro de la contratación de nuevos proveedores de alimentos, indicando que el presupuesto asignado no se ajusta a la realidad económica del país, lo que podría agravar la situación de insuficiencia alimentaria en los centros de rehabilitación. Además, resaltó la importancia de la independencia de la Fiscalía para que esta pueda realizar las investigaciones pertinentes sobre las denuncias de tortura y malos tratos.
