La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social analizó la objeción al proyecto de Ley Orgánica para la Acción Voluntaria, remitida por el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa.
El madatario formuló observaciones a 28 artículos, la mayoría de ellos en relación a la participación del sector público en el voluntariado.
Sobre ello, los asambleístas Franklin Samaniego, Gissella Garzón y Mónica Salazar reclamaron que las objeciones se encaminen a retirar de la iniciativa legislativa al sector público.
Al respecto, el legislador Samaniego anticipó observaciones a los artículos 2, 4, 6, y 7. Manifestó que “esta objeción propone eliminar la palabra pública. Todo el tema que tiene que ver con lo público, se saca del articulado”, reclamó. “Se siente que se trata de evadir la responsabilidad del Estado con el voluntariado”, expresó. Añadió que considera importante que el Estado también tenga participación y esto no implica que tenga que asignar recursos. Anticipó que al retirar al Estado del proyecto se le está quitando el sentido a la Ley porque el Estado también debe garantizar derechos.
En contraparte, Lucía Posso mantuvo su posición de apoyo a las objeciones parciales presentadas por el Ejecutivo. Dijo que por el mismo concepto que tiene el voluntariado, al provenir de la palabra voluntad, estaría rompiendo con su significado real. Manifestó que cuando las acciones nacen de la voluntad propia, “que no espera retribución alguna, no se puede imponer condiciones como se lo estaría haciendo con el servicio público”.
La legisladora Garzón, por su lado, recordó que las instituciones públicas, como el Patronato, por ejemplo, además de recibir asignaciones presupuestarias, también trabajan con voluntariado, sin que esto signifique que incurran en gastos de recursos destinados a ese sector. También manifestó que el Estado no solamente es el Gobierno Nacional, sino que está conformado por los gobiernos autónomos descentralizados que también trabajan con voluntariado, sin que implique un direccionamiento del gasto público en esta actividad.
Los asambleístas que mantuvieron su postura a favor de la ratificación del articulado, coincidieron en que el espíritu de la ley es que también el sector de voluntarios sea reconocido y garantizado en el cumplimiento de sus derechos.
Otras objeciones tienen relación con los derechos humanos, género, intergeneracionalidad, inclusión e igualdad y no discriminación, mecanismos de denuncias, acceso a fondos públicos concursables o de cooperación internacional para el desarrollo de acciones de voluntariado.
La comisión retomará el análisis de la objeción este martes, a partir de las 09h00.
