Por Walter Spurrier Baquerizo
Esta semana arrancó la presidencia de Daniel Noboa. Las siete anteriores fueron de armar equipos y calentar motores. En esta declaró la guerra al narcoterrorismo, incorporó preguntas de fondo a la consulta popular, envió un tercer proyecto urgente elevando el IVA a 15 % y anunció uno próximo de contratación pública. Es de esperar un alza de tarifas eléctricas.
El Plan Fénix es integral. La declaratoria de conflicto armado interno permite a las fuerzas del orden neutralizar a las bandas que aterrorizan al país sin tener que esperar a que les disparen primero, limitarse al uso progresivo de la fuerza o vincularlos a un delito específico. Noboa advirtió a los jueces al servicio de los narcos que ya no les será posible liberar de manera automática a los terroristas capturados.
A las timoratas preguntas iniciales de la consulta se agregaron otras incisivas. Queda por ver si la Corte Constitucional persiste en asumir un papel protagónico y las niega.
Entre las propuestas más destacadas está un cambio constitucional para permitir la extradición de delincuentes nacionales que también hayan delinquido en el exterior. Eso causa pavor entre los capos mafiosos, ya que no podrían apropiarse de un presidio extranjero ni controlar jueces. La gran batalla de Pablo Escobar fue contra la extradición. Se busca fortalecer a la Fiscalía, que con el caso Metástasis hizo abortar la iniciativa del Consejo de la Judicatura de nombrar más jueces aliados a los narcos. (El CJ data de la Constitución de 1998 y no de la 2008 como erróneamente mencionamos en nuestro artículo anterior. Agradecemos la aclaración al Dr. Alexis Mera).
Se propone incorporar a la Constitución y al Código del Trabajo los contratos a plazo fijo y por horas, reforma que ni Moreno ni Lasso se atrevieron a proponer. En estos tiempos de globalización y automatización, la rigidez de nuestro Código del Trabajo desestimula la contratación y hoy tenemos menos trabajadores con empleo adecuado de los que había hace diez años.
También se consultará sobre permitir el arbitraje internacional en los diferendos entre empresas extranjeras y el Estado. Esto remueve un obstáculo a la firma de tratados internacionales y a la inversión extranjera en general. Se dice que el Estado siempre pierde los arbitrajes. No es cierto. En el más reciente, contra la australiana WorleyParsons, ganó Ecuador. Pero nuestros gobiernos suelen tomar decisiones impulsivas, sin medir las consecuencias, y por eso hay tantos contratos en arbitraje y resultados adversos.
Un caso emblemático es el de Occidental. El gobierno de Alfredo Palacio confiscó los activos y negocios de esa petrolera por haber comprado sin pedir autorización parte de la producción de otra compañía que operaba en el Oriente. Si esa práctica habitual de negocios requería autorización cabía sancionarla, pero no de manera tan draconiana. Ecuador tuvo que indemnizar a la empresa, pero por un valor menor a aquel del que se benefició con la confiscación. A la postre Ecuador no salió perjudicado de la maniobra.
Comienzan a disiparse los nubarrones negros que amenazan convertirse en tempestad. Renace la esperanza. Si Noboa enfrenta al terrorismo como Bukele y a la crisis económica como Milei, se convertiría en nuestro Mikele y tendría la reelección en el bolsillo.
