La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha levantado su voz ante lo que califica como un nuevo episodio de criminalización de la protesta social en el país. En esta ocasión, la Fiscalía ha acusado a 70 comuneros de las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, del cantón Sigchos, Cotopaxi, por el presunto delito de terrorismo.
Según la Conaie, esta denuncia surge como respuesta a la resistencia de la población durante un proceso de consulta ambiental iniciado por el Ministerio del Ambiente, en medio de un contexto de violencia fomentado por el gobierno de Daniel Noboa y las empresas mineras.
La organización indígena hizo público este pronunciamiento a través de sus redes sociales, acompañando la denuncia con dos imágenes que detallan los nombres de las personas acusadas. En este sentido, la Conaie expresa su preocupación por lo que considera una estrategia de persecución política por parte de la Fiscalía.
El Comité Popular 15 de Noviembre también se pronunció al respecto, señalando que la Fiscalía, en lugar de defender a los ciudadanos, está siendo utilizada como una herramienta para perseguir a aquellos que levantan su voz en contra de intereses poderosos.
«Es inaceptable que, a pesar de la presencia de paramilitares armados y grupos de delincuencia organizada financiados por las mineras para amedrentar a los comuneros, los únicos que han sido acusados son los habitantes de las comunidades antimineras», denunció el comité a través de sus plataformas digitales.
