La comunidad migrante ecuatoriana en EE.UU. enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre tras dos decisiones del expresidente Donald Trump que podrían afectar directamente a unas 220.000 personas.

William Murillo, presidente ejecutivo de la organización 1800 Migrante, advirtió en una entrevista con Contacto Directo (Ecuavisa) que las nuevas políticas estadounidenses están generando una “criminalización” del migrante y podrían dejar a miles de ecuatorianos sin protección y al borde de la deportación.

La primera medida es la eliminación del programa CBP One, que desde enero de 2023 permitió el ingreso temporal de migrantes. Según Murillo, al menos 20.000 ecuatorianos que usaron esta vía legal podrían verse afectados, pese a que muchos ya iniciaron procesos de asilo. “Se los está tratando como ilegales, aunque entraron por un canal aprobado por el gobierno estadounidense”, aseguró.

La segunda decisión, incluso más alarmante, es el acuerdo del Servicio de Impuestos Internos (IRS) con el Departamento de Seguridad Nacional para compartir datos tributarios de los migrantes indocumentados. Esto pone en riesgo a unas 200.000 personas ecuatorianas, que han pagado impuestos durante años con el conocido “IT number” sin recibir ningún beneficio migratorio o social a cambio.

“Estamos hablando de un universo de 220.000 ecuatorianos que podrían ser perseguidos o deportados”, alertó Murillo.

La gravedad del asunto radica, según Murillo, en que el uso de esta información viola principios de confidencialidad establecidos por ley: “Esto no es solo preocupante, es ilegal”, sostuvo.

Además, denunció que los migrantes pagan miles de millones al fisco, pero no reciben ni salud, ni desempleo, ni jubilación. Solo en 2022, los migrantes indocumentados aportaron 96.000 millones de dólares en impuestos. Un ejemplo doloroso: un ecuatoriano trabajó 30 años en EE.UU., pagó impuestos religiosamente, pero al no tener seguro social, no podrá jubilarse ni acceder a ningún beneficio.

Pese a la presión, la comunidad migrante sigue adelante. “Tienen que trabajar para pagar la renta aquí y mandar dinero a Ecuador. Es como el COVID: estás enfermo, pero igual sales”, dijo Murillo. El miedo a ser detenido convive con la necesidad diaria de subsistir.

¿Y los hijos? Siguen yendo a la escuela. Los padres siguen trabajando. Pero el temor está latente. “Muchos sienten que si no los detienen hoy, seguirán hasta que haya una oportunidad de regularizarse”.

Sobre la promesa del presidente Daniel Noboa de excluir a los ecuatorianos de la lista prioritaria de deportación, Murillo reconoció que todo gesto positivo cuenta, pero aún no hay evidencia clara de que ese acuerdo se esté cumpliendo.

“La única solución real es una vía de regularización”, concluyó Murillo. Incluso planteó que la declaratoria de grupos violentos como terroristas en Ecuador podría abrir una nueva posibilidad de asilo para miles de compatriotas.