Bases extranjeras en el Ecuador, ¿perjudicial o beneficioso para el país?

Sep 17, 2024

El presidente Daniel Noboa anunció el envío de un proyecto de reforma parcial a la Constitución, con el objetivo de permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador. La propuesta, que llega a la Corte Constitucional, surge a 15 años de la salida de la base de Manta, bajo el Gobierno del expresidente Rafael Correa.

Durante el mediodía, mientras realizaba sus actividades, Noboa expuso que la modificación constitucional busca enfrentar el creciente problema de violencia en el país.

En una entrevista con Notimundo, el exalcalde de Quito y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Paco Moncayo,explicó que la base de Manta, que fue utilizada por las fuerzas estadounidenses, no era una base militar convencional sino un centro de control especializado en la vigilancia de actividades del crimen organizado.

Según Moncayo, la ausencia de esta base creó un vacío en el control de actividades ilícitas, contribuyendo al aumento de la violencia en Ecuador.



El exjefe militar también señaló que, a pesar de la salida de la base, la violencia no disminuyó y se evidenció un incremento en los índices de criminalidad. Destacó que la situación actual requiere una estrategia de seguridad cooperativa que incluya a los países vecinos y a otras naciones involucradas en la lucha contra el narcotráfico.

Moncayo advirtió que la presencia de bases militares extranjeras por sí sola no resolverá el problema del narcotráfico. En su lugar, abogó por una cooperación regional integral y un enfoque de seguridad más amplio.

En conclusión, Moncayo instó a los políticos ecuatorianos a unir esfuerzos para desarrollar una estrategia nacional efectiva contra la inseguridad, sin utilizar el problema como una herramienta de campaña política. “Es necesario que los políticos se unan en un esfuerzo común para enfrentar esta crisis y no conviertan la inseguridad en un tema de campaña”, dijo.

Esta propuesta de reforma constitucional marca un punto de inflexión en la política de seguridad de Ecuador y refleja una nueva estrategia para enfrentar el desafío del crimen organizado en el país.



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