Human Rights Watch (HRW) envió una carta al presidente de la República, Daniel Noboa, criticando la declaración en el país del “conflicto armado interno” y es que, según la organización, esta medida ha llevado a serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos.
El 9 de enero de 2024, tras una escalada de violencia que incluyó la toma de un canal de televisión estatal, Noboa decretó el “conflicto armado interno” contra 22 grupos del crimen organizado, a los que calificó de “terroristas”. Aunque el gobierno sostiene que los homicidios han disminuido, han aumentado las extorsiones y secuestros, manteniendo la situación de seguridad grave.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, expresó que “en lugar de anunciar sin fundamento la existencia de un ‘conflicto armado’, el gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos y sea respetuosa de los derechos humanos”.
Entre enero y abril de 2024, HRW dice que entrevistó a víctimas de abusos, a familiares y abogados, y analizó evidencias como fotografías y videos. Asimismo, documentaron que los homicidios en Ecuador aumentaron un 574.30% entre 2019 y 2023, con una tasa que pasó de poco más de 7 a más de 47 por cada 100.000 habitantes. Determinaron que bandas como Los Choneros y Los Lobos, aliadas con narcotraficantes internacionales, luchan por el control del territorio y de las rutas del narcotráfico.
El anuncio de un “conflicto armado” siguió a la toma de TC Televisión y la fuga de prisión de José Adolfo “Fito” Macías Villamar, líder de Los Choneros. Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a los grupos criminales, pero HRW señala que el gobierno no ha presentado pruebas suficientes para justificar la existencia de un conflicto armado no internacional.
Conflicto armado interno persiste en Ecuador
Durante este periodo, HRW documentó serias violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo el caso de Carlos Javier Vega, de 19 años, quien fue asesinado por soldados en Guayaquil el 2 de febrero.
Los militares calificaron a Vega y a su primo herido, Eduardo Velasco, de “terroristas”, pero las investigaciones de HRW contradicen esta versión.
Además, HRW encontró que muchas detenciones no fueron formalizadas legalmente, con más de 13.000 personas detenidas brevemente sin ser presentadas ante un juez o fiscal. Los detenidos también han reportado malos tratos y torturas, como ser golpeados con cables y sufrir abusos físicos severos.
HRW criticó la falta de medidas para prevenir estos abusos o garantizar la rendición de cuentas. En cambio, algunos miembros de la Asamblea Nacional han propuesto amnistías para las fuerzas de seguridad. El presidente Noboa ha calificado de “antipatria” a un juez que denunció violaciones de derechos humanos en las cárceles.
Goebertus advirtió que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para tareas de vigilancia e investigación, y su uso en estos roles aumenta el riesgo de abusos. “Ecuador necesita más funcionarios judiciales y policías mejor entrenados para investigar el crimen organizado, no más soldados en las calles”, concluyó.
Human Rights Watch insta al gobierno de Ecuador a limitar la actuación de las Fuerzas Armadas y a desarrollar políticas de seguridad que respeten los derechos humanos para enfrentar la violencia y el crimen organizado en el país.
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