La Corte Constitucional de la República ha emitido un dictamen desfavorable respecto al Decreto Ejecutivo No. 250, declarando su inconstitucionalidad por falta de justificación en la causal de conflicto armado interno. Este decreto, emitido el pasado 30 de abril por el presidente Daniel Noboa, establecía un estado de excepción en las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, con el propósito de movilizar tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional, así como suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio, por un periodo de sesenta días.
El dictamen, respaldado por la mayoría de los jueces, establece que el Decreto Ejecutivo 250 no ha proporcionado una justificación adecuada para la configuración de la causal de conflicto armado interno, según los parámetros establecidos por la Corte en dictámenes anteriores.
En el marco de este estado de excepción, se realizaron diversas acciones operativas contra la delincuencia organizada en las provincias mencionadas, incluido el operativo ‘Cero Impunidad 1’, que resultó en el arresto de más de un centenar de personas y el decomiso de una cantidad significativa de droga. No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que la información presentada por el Ejecutivo no justifica la aplicación de un estado de excepción.
Es importante destacar que las juezas Teresa Nuques y Carmen Corral emitieron un voto salvado, discrepando con la resolución mayoritaria, al considerar que el Decreto 250 sí cumplía con los parámetros necesarios y estaba justificado.
Además, cabe mencionar que, conforme a las modificaciones constitucionales aprobadas en la Consulta Popular del pasado 21 de abril, el Ejecutivo puede solicitar el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, siempre y cuando el Consejo de Seguridad Pública y del Estado emita un informe al respecto.
Este dictamen de la Corte Constitucional tiene efectos hacia el futuro, a partir de su publicación en el Registro Oficial, marcando un precedente importante en cuanto a la aplicación de estados de excepción en el país.
