La Comisión de Seguridad Integral recibió a delegados de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Telecomunicaciones, así como a expertos en seguridad digital, con la finalidad de conocer el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, previo a considerar su ratificación en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Para la presidenta de la comisión, Inés Alarcón, el texto aborda el combate a los delitos informáticos y es la normativa más completa, a nivel mundial, en esta materia. Paola Falconí, delegada de Relaciones Exteriores, coincidió con la legisladora al mencionar que “este instrumento internacional busca prevenir el crecimiento de la ciberdelincuencia en países que no cuentan con la legislación adecuada para tipificar los ciberdelitos”.

La norma aborda dos grandes temas, el primero es la criminalización de los delitos ciberdependientes, que hacen uso de las tecnologías de la comunicación en su cometimiento y delitos ciberhabilitantes, con el uso de estas tecnologías para tener un mayor impacto o escala en el delito, como la pornografía infantil o la estafa.

Y la preservación digital de evidencia para que esta tenga validez en el procesamiento de los ciberdelitos contemplados entre los artículos 2 al 10 del convenio. “Estos delitos también se encuentran referenciados en el Código Orgánico Integral Penal, cumpliendo la armonización legislativa, requisito para la ratificación del convenio”, señaló.

Los expertos en ciberseguridad Darío Chávez y Jorge Guerrón señalaron que ratificar el convenio fortalecerá la diplomacia ecuatoriana en el ciberespacio, pues permite colaborar en la sanción adecuada de los ciberdelitos y ejecutar protocolos una vez que estos eventos ya se han materializado.

“En la región, Argentina, Chile, Paraguay y Panamá ya son parte del convenio y a nivel mundial, cuenta con 87 Estados miembros”, destacó Fabián Íñiguez, también experto en el tema analizado. “No existen inconvenientes para cumplir los compromisos que establece el instrumento, incluso la mayor asistencia internacional, pues está a consideración de cada Estado y su legislación interna”, finalizó.

Al concluir las intervenciones, los comisionados mencionaron la importancia de contar con la comparecencia de expertos en la materia, cuando la ratificación se trate en el Pleno Legislativo, para que se conozca ampliamente la necesidad de adherirse a este importante tratado.