Un nuevo estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) revela un dato estremecedor: uno de cada diez adolescentes en la Costa ecuatoriana reconoce pertenecer a una banda criminal. El informe fue presentado este miércoles 25 de junio de 2025, en medio de un debate nacional encendido por la reciente aprobación de una ley que endurece las penas para menores involucrados en delitos graves.

Según la investigación, que encuestó a 2 948 jóvenes entre 12 y 17 años en ciudades como Guayaquil, Durán, Esmeraldas, Quevedo y Manta, el 8,1 % de los adolescentes admitió formar parte de estas estructuras delictivas. El reclutamiento ocurre incluso desde los 10 años.

¿Por qué se suman a las bandas?

Las causas van más allá de lo penal: pobreza, abandono, necesidad de pertenencia y respeto son las motivaciones más repetidas. “En un contexto sin oportunidades, ser parte de una banda se vuelve un método de supervivencia. Me vuelve alguien en un barrio donde soy invisible”, explicó Renato Rivera, director del OECO.

El 22 % de los encuestados dijo que la sensación de importancia y respeto fue el motivo principal para integrarse. El 11 % mencionó querer escapar de su hogar, y apenas el 13 % reconoció haber sido forzado o amenazado.

Niñez atrapada en el crimen

Durante 2024, más de 3 500 menores fueron detenidos en operativos contra bandas. La percepción del crimen organizado en barrios y escuelas es generalizada: el 51,1 % de los adolescentes sabe de la presencia de bandas en su zona. En Santa Elena y Durán esa cifra alcanza el 77 % y 75 % respectivamente.

Además, el 13,6 % de los adolescentes tiene familiares en bandas, y más del 27 % asegura conocer a personas cercanas que están involucradas. El miedo a hablar es evidente: muchos jóvenes mencionan con timidez que amigos suyos son parte de estos grupos.

“Las bandas no solo están en la calle, también en las aulas”, advierte el estudio. El entorno escolar se ha convertido en un espacio de reproducción de la cultura de violencia, donde la falta de convivencia y autoridad refuerza la normalización del crimen.

¿Y el Estado?

El informe del OECO sale justo después de que la Asamblea aprobara una reforma que eleva hasta 15 años de cárcel para menores involucrados en crímenes graves. Para expertos y organismos como Unicef, esta medida es más política que preventiva.

“La recomendación es fortalecer el Comité de prevención con políticas públicas reales y recursos concretos”, dijo Rivera.

El estudio concluye con un llamado urgente a intervenir en los territorios más vulnerables con programas sociales, educativos y comunitarios que ofrezcan alternativas reales a los adolescentes atrapados entre la pobreza y el crimen.

“Solo así podremos romper el ciclo y evitar que más niños sean empujados hacia la violencia y la ilegalidad”, sentenció el Observatorio.