La reciente reforma a la Ley de Integridad Pública ha introducido modificaciones al Código Monetario y Financiero que han encendido las alarmas entre expertos económicos, debido al impacto que podrían tener en la estabilidad financiera del país. Gabriela Calderón de Burgos, analista económica, explicó en Ecuavisa las implicaciones de estos cambios y advirtió sobre riesgos latentes para Ecuador.

Uno de los aspectos que más preocupa es la facultad que se le otorga al Banco Central para contratar créditos externos y líneas contingentes de liquidez con aval del Estado, sin que dichas obligaciones se contabilicen oficialmente como deuda pública. Calderón de Burgos destacó que, en una economía dolarizada como la ecuatoriana, “no existen crisis de balanza de pagos”, por lo que esta medida no solo es innecesaria, sino que puede abrir la puerta a un endeudamiento opaco y con riesgos fiscales significativos.

La analista recordó que entre 2009 y 2017, el Banco Central realizó préstamos para atender necesidades de liquidez que en realidad correspondían al gobierno central, generando un “hueco” financiero que comprometió la estabilidad del sistema y obligó a Ecuador a contratar nueva deuda pública para cubrir ese déficit. Según ella, ese período dejó una deuda pendiente de más de 3.000 millones de dólares que aún no se ha saldado completamente.

Además, la reforma aprobada la semana pasada suspende la obligación de respaldar en un 100% con activos líquidos las reservas internacionales y los balances del sistema financiero hasta el año 2040, lo que genera incertidumbre entre los actores económicos y puede aumentar las tasas de interés y los costos de crédito para los ciudadanos.

Gabriela Calderón advirtió también sobre la creciente opacidad que podría generarse con la reciente creación de la superjunta, que tiene potestad para declarar reservadas algunas actuaciones del Banco Central, una medida que va en contra de la tendencia global hacia una mayor transparencia y autonomía de los bancos centrales.

En cuanto al rol del Banco Central en una economía dolarizada, la experta se mostró contundente: “¿Para qué se necesita un Banco Central en una economía dolarizada?”, cuestionó, argumentando que, a diferencia de países con moneda propia, Ecuador no debería tener un banco emisor que actúe como prestamista de última instancia ni que asuma funciones propias de un banco comercial.