El viernes 21 de junio de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, colocó la primera piedra para la construcción de una de las dos cárceles de máxima seguridad prometidas, inspirada en el modelo de El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele. Este proyecto ha suscitado una respuesta enérgica de más de veinte organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, agrupadas en la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Las organizaciones han expresado su oposición al proyecto, calificándolo de “innecesario y antitécnico”. Argumentan que la construcción de la megacárcel, además de violar derechos colectivos y de la naturaleza, repite errores que han contribuido a la crisis carcelaria en Ecuador. Acusan al gobierno de Noboa de implementar una medida populista sin el rigor técnico necesario.

La nueva prisión, ubicada en la provincia de Santa Elena, tendrá una capacidad para 880 reclusos y se centrará en albergar a líderes de bandas criminales. La construcción, con un costo estimado de 52 millones de dólares, se proyecta completarse en unos 300 días. El gobierno ecuatoriano considera que esta medida es crucial para combatir la alta tasa de homicidios en el país.

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La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha señalado que los terrenos donde se construirá la prisión pertenecen a comuneros ancestrales indígenas de Bajada de Chanduy y albergan un bosque primario con árboles centenarios, así como una rica flora y fauna y restos arqueológicos de culturas ancestrales de la costa.

Las organizaciones exigen que se realice una consulta previa, libre e informada con la comunidad de Bajada de Chanduy, conforme a los estándares internacionales de derechos indígenas. Además, denuncian la falta de un informe de impacto ambiental y arqueológico, y la ausencia de un proceso de consulta adecuado. Reportan también la presencia de militares en tierras ancestrales para instalar señaléticas georreferenciadas, preparándose para el inicio de la construcción.

El gobierno de Noboa ha presupuestado 125 millones de dólares para construir dos cárceles siguiendo el modelo de Bukele. La construcción de estas cárceles se enmarca en la política de “guerra” contra las bandas criminales, declarada por el presidente Noboa, que ha contribuido al aumento de la violencia y homicidios en Ecuador.

Las organizaciones sociales consideran que este enfoque no aborda las causas profundas de la crisis carcelaria y la violencia, y puede agravar la situación al desplazar y afectar negativamente a las comunidades indígenas y al medio ambiente.