Cumpliendo un mandato legal el presidente envió la proforma presupuestaria de 2024 a la Asamblea. Pero lo ahí propuesto no es lo que va a regir, al menos por el lado de los ingresos, puesto que la proforma no puede contemplar disposiciones que no están vigentes y hay una serie de impuestos que ya salieron de la Asamblea Nacional y adquieren fuerza legal recién el 11 de marzo. El presidente anunciará que el alza del IVA será al tope autorizado por la ley, 15 %.
Destaquemos cuatro puntos.
Primero: los ingresos que crea la ley son cuantiosos. El IVA generaría $ 1.000 millones y los otros impuestos $ 700 millones (todos los estimados que doy aquí son en números redondos, aproximados). Eso se suma a lo ya aprobado, que las grandes empresas paguen anticipadamente el impuesto a la renta de 2024 a la vez que pagan el del 2023 y una sobretasa al impuesto a la renta de 2022. Que los bancos paguen el equivalente a un recargo del impuesto a la renta de las utilidades de 2022. Adicionalmente, el presidente anunció que el subsidio a la gasolina comenzará a desmantelarse en el segundo semestre. Por último, las autoridades ruegan a la Corte Constitucional que suspenda por cinco años el suicidio asistido de eliminar la producción petrolera del campo ITT y la inversión para desmantelarlo, sentenciado a ejecutarse en agosto a más tardar. Este conjunto de medidas torna manejable el déficit de 2024.
El segundo punto: la ciudadanía va a poder comprar menos, porque el IVA e ISD lo encarecen; las empresas van a tener menos dinero para invertir y comprar, por el fuerte incremento en la carga tributaria, y por las mismas razones los bancos menos dinero para prestar. Pero ese dinero que recaudará el fisco no lo va a devolver a la economía. La proforma contempla un elevadísimo desembolso de crédito externo por $ 4.700 millones. Los nuevos ingresos permitirán reducir el requerimiento de deuda externa. Por lo que las reformas retiran dinero y la magra previsión de crecimiento económico de solo 0,8 % este año se torna optimista.
Tercer punto: estos ingresos permiten reducir el déficit de 2024, pero no hay superávit para atender los atrasos de 2023. El fisco no ha entregado a los gobiernos locales ni a los institutos de seguridad social todos los fondos que les corresponden, y hay contratistas y proveedores del Estado que ya han recibido de la dependencia pública correspondiente un certificado (CUR) para que lo presenten al Ministerio de Finanzas para que les paguen, pero les contestan que no hay plata. Todo asciende a $ 3.600 millones para 2023 y se suman $ 420 millones en enero. Si se les paga, entonces no alcanza para pagar todos los gastos de 2024. La reforma no resuelve el problema de los atrasos.
Por último: Ejecutivo y Legislativo simulan creer que la crisis fiscal es algo temporal, que el dinero se requiere solo para reprimir a los narcocriminales, lo que en poco tiempo quedará resuelto. No. La crisis será más grave el próximo año: en 2020 el Ecuador reperfiló su deuda externa con cinco años de gracia que se vencen en 2025. El grueso de los impuestos se aplica solo para este año.
De aquí a fin de año estaremos hablando de una nueva reforma tributaria. Y así indefinidamente, hasta que tengamos una clase política dispuesta a reformar el Estado y cerrar la llave del gasto.
