La tensión entre Argentina y Venezuela va en aumento y ya han saltado las chispas entre los dos países. El Gobierno de Javier Milei anunció “acciones diplomáticas” contra el de Nicolás Maduro después de que este cerrara el espacio aéreo de Venezuela a los aviones argentinos que quieran sobrevolar su territorio.
La decisión de Venezuela se conoció después de que Argentina entregara a Estados Unidos un Boeing 747-300 confiscado en el país austral desde hace casi dos años. La tripulación que viajaba en la aeronave, que pertenecía a una compañía venezolana sancionada por Estados Unidos, fue demorada en Argentina en 2022 e investigada porsupuestos nexos con Irán, pero finalmente quedó en libertad, reseña El País de España.
El conflicto entre ambos países inició hace casi dos años, cuando el Boeing 747-300 aterrizó en Argentina tras hacer una escala en Venezuela. El avión, que transportaba autopartes desde México, quedó inmovilizado en Buenos Aires por decisión de la justicia argentina, que ordenó que los 19 ocupantes de la aeronave —ciudadanos venezolanos e iraníes— no salieran del país mientras eran investigados. La aeronave había sido propiedad de la empresa iraní Mahan Air y en el momento en el que fue incautada, junio de 2022, pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente prestar servicios de logística a grupos terroristas.
La transferencia entre dos empresas sancionadas por Estados Unidos levantó la sospecha de Washington, que dijo que las compañías habían violado una norma del Departamento de Comercio norteamericano en la venta de la aeronave. Argentina aceptó una orden de confiscación emitida por las autoridades estadounidenses y el avión quedó inmovilizado aun cuando todos sus tripulantes fueron puestos en libertad después de que un juez federal argentino considerara que no tenía elementos suficientes para acusar a los imputados. Maduro apuntó con dureza contra el entonces presidente argentino, Alberto Fernández, quien hasta hacía poco consideraba un aliado, y el caso provocó una tormenta política también hacia el interior del país.
Tras casi dos años retenido, el avión fue trasladado desde Buenos Aires hacia Estados Unidos en febrero “en virtud de compromisos derivados de un acuerdo de cooperación judicial con un Estado extranjero”, según fuentes del Gobierno. Antes de que el aparato partiera hacia el país norteamericano, un diplomático venezolano en Buenos Aires sumó tensión a las relaciones al violar la seguridad del aeropuerto internacional de Ezeiza para sacar fotos al Boeing 747-300. El funcionario fue declarado persona non grata y dejó el país en 48 horas después, según informa la agencia Efe.
“El bandido de Milei se robó el avión de Venezuela”, dijo Maduro después de la entrega del aparato a Estados Unidos. El canciller venezolano, Yván Gil, dijo que Argentina había cometido “actos de piratería y robo” contra su país y comunicó en la red social X la decisión que había tomado el Gobierno: “Venezuela ejerce plena soberanía en su espacio aéreo y reitera que ninguna aeronave que provenga o se dirija a la Argentina podrá sobrevolar nuestro territorio hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada por los daños causados, después de las acciones ilegales realizadas, solo con el fin de complacer a sus tutores del norte”.
Fuentes de la Cancillería argentina han informado a EL PAÍS que el 4 de marzo el ministerio fue informado de que la autoridad aeronáutica venezolana había impuesto una restricción a Aerolíneas Argentinas para el sobrevuelo del espacio aéreo sobre la región de Maiquetía, al norte del país. La restricción se aplicó inicialmente del 8 al 10 de febrero y a partir del 13 de febrero quedó efectiva “de manera ininterrumpida”, según las mismas fuentes, que consideran que la decisión del Gobierno de Maduro fue “una medida coercitiva unilateral sin sustento jurídico alguno” y una “represalia frente a una decisión del Poder Judicial” de la que desmarcan al Ejecutivo de Milei.
Tras conocerse la noticia, el Gobierno argentino informó el martes de que había iniciado “acciones diplomáticas” contra Venezuela sin dar más detalles. Las autoridades no han explicado públicamente cuáles son esas acciones, pero fuentes de Cancillería afirman que Argentina envió una nota de protesta a Venezuela el 8 de marzo “por la decisión de suspender los permisos de sobrevuelo de empresas aéreas argentinas en espacio aéreo venezolano”. “La Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo”, se limitó a decir el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el martes.
El portavoz presidencial no ha dado más precisiones a la prensa en su conferencia diaria de Gobierno este miércoles. A los agravios del Gobierno de Maduro, que llamó “neonazi, sumiso y obediente” al Gobierno de Milei por sus relaciones con Estados Unidos, Adorni respondió: “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? De un Gobierno de dictadores se pueden esperar cuestiones que no merecen ni respuesta. Nos entristece por el pueblo venezolano que estos energúmenos los gobiernen”.
El Gobierno argentino criticó que la decisión de Venezuela “tiene un costo económico muy elevado” para los pasajeros porque “son miles de dólares” que se sumarán “por vuelo”. La decisión afecta, sobre todo, los trayectos que Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea de bandera del país austral, hace desde y hacia Nueva York, Miami y Punta Cana. Según las estimaciones hechas por la empresa e informadas por los medios nacionales, las rutas no sufrirán grandes cambios —serán solo unos pocos minutos de diferencia—, pero habrá un incremento en el gasto de combustible.
