Antes de su gira por tres continentes, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, convocó a elecciones generales para febrero 9, 2025. Daniel Noboa no tiene 3 meses de posesionado y ya se inicia el proceso para reemplazarlo.

Ese escenario, descabellado, de un periodo presidencial transitorio en medio de una doble crisis de seguridad y fiscal, de pronto no se perfila tan mal: podría culminar en un nuevo Gobierno con mayoría legislativa que enterraría al correísmo y permitiría la adopción de reformas estructurales requeridas para salir del entrampamiento que genera la Constitución de Montecristi.

La toma de las instalaciones de TC por encapuchados y transmitida en vivo causó tal pánico en la población que creó las condiciones para que el presidente declarara un conflicto armado interno y que las Fuerzas Armadas se sumen a la represión de los narcodelincuentes. El presidente advierte a quienes se aprestan a argumentar que se están violando derechos. Además, ha logrado la aprobación de varias leyes urgentes. A la ley aún en trámite, presentada como necesaria para financiar la guerra contra el terrorismo, aunque en realidad es para atender la crisis fiscal, la Asamblea incluso le sumó más impuestos de lo planteado por el Ejecutivo. La población aprecia tanto la lucha contra la delincuencia como la eficiencia en materia legislativa. El Gobierno goza de una aprobación de 76 % según encuesta de hace 15 días. De lograr Daniel Noboa mantener esta popularidad, en un año sería reelecto en primera vuelta presidente por cuatro años más y terminaría el fin del control de la Asamblea por parte del correísmo, que lo tiene desde 2007, cuando Rafael Correa expulsó del Congreso a 57 diputados opositores.

Sin duda habrá otros candidatos con méritos para llegar a la Presidencia: Rabascall, Topic, Cucalón, Romo. Pero Noboa es el único que podría polarizar el voto y ganar en primera vuelta.

Un año de campaña es largo y mucho puede pasar. En sus inicios, Guillermo Lasso también gozó de gran apoyo por su exitosa campaña de vacunación. Los doce meses por delante hasta febrero de 2025 van a ser muy duros económicamente. A pesar del fortísimo incremento de impuestos y contribuciones, el Gobierno no podrá pagar todas sus cuentas. Por la muy rígida lectura de la Constitución que hace la Corte Constitucional, el gasto en educación y salud debe aumentar $ 1.100 millones este año, aunque existe un hueco fiscal descomunal. Además, la Corte Constitucional exige la inversión para desmontar la estructura petrolera en el ITT, decidida en la consulta que la Corte promovió.

Las reformas del nuevo Gobierno tendrían que dirigirse a darle al Gobierno mayor control sobre el gasto corriente. Eliminar la obligatoriedad de aumentar el gasto todos los años y de tener que recontratar a empleados despedidos pagando sueldo retroactivo. Que pueda restructurar las empresas públicas y convertirlas en sociedades anónimas. Recuperar la facultad de explotar los recursos mineros y petroleros. Destrabar la inversión privada. Modernizar la legislación laboral. Reformar la seguridad social. Con esto habría inversión pública y privada, el gasto público sería más eficiente, habría más empleo, crecerían las rentas del Estado y Ecuador emergería de uno de los periodos más oscuros de su historia.