Tres partidos se reparten el poder en Ecuador, los dos partidos más grandes y el partido de gobierno. Los líderes de los tres partidos deciden qué se aprueba y qué se rechaza en la Asamblea, manejan los órganos de control, designan titulares de las instituciones y nombran jueces y magistrados.
Tiene lógica que los tres partidos pugnen entre ellos por el reparto y también que hagan acuerdos. Si concentran el poder, también concentran las responsabilidades. Si el narcotráfico ha penetrado en las instituciones, si existen jueces que cumplen órdenes y venden fallos, si la corrupción ha pisoteado leyes y valores; es imputable a ellos.
Los únicos que representan contrapoder real en el país son la Fiscalía y las Fuerzas Armadas, por eso se ha intentado su desinstitucionalización y por eso estorban. También es verdad que son las instituciones que cuentan con el mayor respaldo popular del momento. Eso explica que el juicio político a la Fiscal ni avance ni se descarte.
El partido de gobierno, que prefirió hacer mayoría parlamentaria con el correísmo y no con el anticorreísmo, tiene como principal objetivo la reelección. El anuncio de que Alianza País no hará campaña en contra de la consulta sorprende porque una victoria en la consulta impulsará la reelección; el acuerdo entonces ¿se desvanece o se profundiza?
La declaratoria de guerra blindó al Ejecutivo; los otros dos partidos que comparten el poder, sin la posibilidad de escenificar enemistades, pasan frío y se ven obligados a arrimarse al fuego del acuerdo de gobernabilidad. La guerra, el acuerdo de gobernabilidad, la victoria en la consulta y la creación de empleo (aunque sea solo propaganda) garantizan la reelección.
El gobierno tendrá que lidiar con el desgaste de la guerra, la realidad de la economía y la soberbia del poder. Los tres enemigos están dentro. Afuera están los ciudadanos encandilados con los “cumplimientos” del gobierno, la élites como espectadoras y los movimientos políticos como figurantes.
