El gobierno de Venezuela anunció la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ordenó a su personal abandonar el país en un plazo de 72 horas.
Yván Gil, canciller del Gobierno de Nicolás Maduro, emitió un comunicado acusando al personal de la Oficina de adoptar una «actitud colonialista, abusiva y violatoria de la carta de las Naciones Unidas» hacia Venezuela, exigiendo una rectificación pública ante la comunidad internacional.
La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, lamentó el anuncio y declaró que están evaluando los siguientes pasos a seguir.
La expulsión de los representantes de la ONU en materia de derechos humanos se produce tras una serie de detenciones de críticos destacados que ha llevado a la oposición y a observadores internacionales a denunciar una escalada represiva por parte del gobierno.
El último incidente fue la detención el pasado viernes en el aeropuerto de Caracas de la periodista y activista Rocío San Miguel, a quien la Fiscalía venezolana acusa de participar en un plan para asesinar al presidente Maduro.
Varias entidades de Naciones Unidas han expresado preocupación por el paradero de San Miguel y han instado a las autoridades a respetar sus derechos y garantizar un debido proceso.
Por otra parte, la televisión estatal venezolana criticó recientes comentarios del relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, quien cuestionó el programa gubernamental de entrega de alimentos a familias de escasos recursos llamado CLAP, señalando que se ha vuelto susceptible al clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela.
La decisión de suspender las actividades de la oficina de la ONU representa un paso inusualmente hostil por parte del gobierno venezolano, que también anunció una revisión integral de los términos de cooperación técnica con la Oficina.
