Fracaso rotundo del modelo energético nacional. Tenemos petróleo y carecemos de combustibles y generación térmica; una geografía ideal para montar centrales hidroeléctricas y no generamos suficiente. Estamos en tinieblas y las autoridades no nos dicen hasta cuándo.

Nuestro modelo es que el sector energético es estratégico, monopolio del Estado y solo de manera excepcional se puede delegar alguna actividad energética al capital privado.

Es un esquema válido, muchos países europeos y la China lo aplican con óptimos resultados. El problema es que el Estado ecuatoriano gasta y no ahorra. Las empresas públicas carecen de incentivos adecuados.

El modelo estatista requiere que las empresas públicas funcionen como empresas: que brinden el mejor servicio posible, ganen dinero en las operaciones, paguen impuesto a la renta y las utilidades las inviertan para ampliar y mejorar el servicio. En Ecuador las empresas públicas subsidian a gran parte de los consumidores y el Gobierno central les obliga a entregarle todo el excedente en lugar de invertir.

Tampoco hay mecanismos de control adecuados. Odebrecht, además de coimar a las autoridades eléctricas, debía pagar peaje al vicepresidente Glas y hasta al contralor del Estado. Lo sabemos porque Brasil y los EE. UU. son democracias e investigaron el caso. Las autoridades coimadas no controlan los sobreprecios ni tampoco la calidad del trabajo. ¿Qué habrá pasado en los contratos con las empresas chinas?

Hoy el Estado ecuatoriano está en soletas, todos los años nos sube impuestos para pagar el gasto corriente y las deudas por el despilfarro de años anteriores. No hay perspectivas que el Estado pueda reinventarse en el corto plazo para superar la crisis que vivimos. Necesitamos urgentemente inversión privada para construir centrales eléctricas de todos los tipos, incluso térmicas; para buscar hidrocarburos, tanto petróleo como gas; para la construcción de una unidad de alta conversión junto a la refinería de Esmeraldas; para recuperar y ampliar las redes eléctricas.

Las tareas emergentes para superar la situación son cuatro:

• Hay un sabotaje generalizado de funcionarios del correato que maniataron a Moreno, a Lasso y a Noboa en estos 5 meses, que deben ser purgados de las empresas públicas y reemplazados por técnicos comprometidos con la reactivación del sector energético.
• Reformas legales para abrir el sector energético a la inversión privada. La ley urgente de eficiencia energética fue deficiente y no levanta las trabas a la inversión privada.
• Reformas a los reglamentos para recortar la tramitología. Que se deje de premiar la inacción y penalizar la toma de decisiones.
• Reformar el pliego tarifario eléctrico y los precios de los combustibles. Los subsidios no deben salir de las empresas sino del Presupuesto del Estado y no pueden ser tan generalizados. La falta de inversión de riesgo en petróleo, paralizada desde la confiscación de Occidental en 2006, ha tenido como consecuencia la caída de la producción y por ende de la renta petrolera.

La sociedad civil debe exigir que las autoridades cumplan. Que Ejecutivo y Asamblea cambien leyes y reglamentos y que las cortes no apliquen el freno. La soberanía reside en una economía vibrante, más que en un Estado acaparador de funciones y quebrado.