La Comisión de Fiscalización continuó la recepción de pruebas testimoniales solicitadas por el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político en su contra, por incumplimiento de funciones, en la exclusión, presuntamente ilegal y sin sustento técnico, de beneficiarios de algunos de los beneficios económicos que otorga el Gobierno a diversos sectores vulnerables de la población.
El primero en intervenir fue Néstor Toro, delegado del Contralor del Estado, quien indicó que se han desarrollado exámenes especiales a la gestión administrativa de la Unidad de Registro Social, adscrita a la Presidencia de la República, por el período abril 2019 a diciembre de 2021, así como a los procesos de inclusión de nuevos beneficiarios para la entrega de bonos y subsidios en el MIES, de marzo de 2020 a diciembre de 2021, informes que se encuentran en etapa de juzgamiento, por lo cual la entidad no puede pronunciarse.
Así mismo, subrayó que el 8 de enero se inició un examen especial a los procesos de solicitud, calificación y entrega de bonos y subsidios desde enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023, a cargo del MIES. De este procedimiento tendrán resultados luego de tres meses.
Posteriormente, Diana Apraes, directora de la Unidad de Registro Social, explicó el rol que cumple este organismo, que se encarga de establecer el puntaje, la línea de corte y el umbral, referentes a los niveles de pobreza y pobreza extrema que presenta la población ecuatoriana, sobre la base de estudios de orden técnico.
Dijo que, al momento, los beneficiarios de los bonos son un millón ciento setenta y nueve mil personas y están fuera de estas ayudas 774 mil familias. Aseguró que mensualmente hay beneficiarios que son excluidos por diversas razones, entre ellas, el que cuenten con afiliación a la seguridad social. En todo caso, la decisión sobre la permanencia o no en la base de datos de quienes reciben las subvenciones corresponde al MIES, añadió.
A la jornada vespertina de la Comisión de Fiscalización asistieron, también, representantes de nuevos beneficiarios que fueron incluidos en la gestión del exministro Bernal, quienes indicaron que esperaron por años recibir este apoyo económico, mientras hay otras personas que se mantienen en la base de datos, sin que cumplan los requisitos de ley.
