La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos está en vías de realizar una significativa modificación en la clasificación federal de la marihuana, marcando un hito en la política de drogas del país. Según informes de Telemundo y NBC News, esta propuesta busca reconocer los usos médicos del cannabis y su potencial de abuso relativamente bajo en comparación con otras sustancias controladas, aunque no legalizaría completamente su uso recreativo.
La iniciativa, aún en proceso de revisión por la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, implicaría el traslado de la marihuana de la Lista I a la Lista III de sustancias controladas, equiparándola a fármacos como Tylenol con codeína y testosterona, que poseen un menor potencial de abuso. Este cambio, que se produce después de más de 50 años desde la promulgación de la Ley de Sustancias Controladas, se espera tenga un profundo impacto en la industria del cannabis y en el acceso a tratamientos médicos basados en esta planta.
La reclasificación facilitaría la investigación y el desarrollo de medicamentos a base de cannabis, así como la participación de compañías farmacéuticas en su distribución en aquellos estados donde su uso medicinal es legal. Se espera que este cambio normativo también tenga repercusiones económicas significativas, al eliminar cargas fiscales para las empresas vinculadas al cannabis en estados donde es legal, gracias a modificaciones en disposiciones fiscales como la Sección 280E del Código de los Servicios de Impuestos Internos.
Este ajuste refleja un cambio en la percepción pública sobre el uso de la marihuana, respaldado por un crecimiento en el apoyo bipartidista hacia reformas en su regulación. Cerca del 70% de los adultos estadounidenses apoyan la legalización, según una encuesta de Gallup, reflejando una tendencia hacia la aceptación y despenalización de esta sustancia, especialmente entre los más jóvenes.
A nivel legislativo, el Congreso de Estados Unidos está considerando propuestas como la Ley Bancaria SAFER y la Ley HOPE, que buscan promover el crecimiento de negocios legales de cannabis y facilitar el borrado de antecedentes penales por delitos no violentos relacionados con esta sustancia. Estos esfuerzos reflejan un cambio de paradigma en la política de drogas del país, buscando corregir errores del pasado y adaptarse a las nuevas realidades sociales y económicas.
