El Niño que a mediados del año pasado se perfilaba tan potente como el devastador de 1997-98 se ha debilitado. El invierno es fuerte sin alcanzar la virulencia del de 2015-16, el más fuerte del siglo XXI. El peligro de apagones se desvaneció por ahora, pero amenaza con retornar en octubre…
Detrás está la insuficiente inversión en energía eléctrica. Celec es la empresa pública que debe invertir en generación y CNEL en distribución. Pero la deficiente normativa no favorece la inversión pública y el monopolio estatal eléctrico impide que haya inversión privada.
Hay varios problemas. El primero, el subsidio. Las comercializadoras que sirven a ciudades o regiones deben vender a los usuarios residenciales con una tarifa con enorme subsidio para las clases populares, luego subsidio cruzado y por último con tarifas astronómicas para los usuarios con aire acondicionado. Lo transparente es que el subsidio a los usuarios corra por cuenta del presupuesto del Estado, no de las empresas. Para colmos el fisco, en lugar de hacerse cargo del subsidio, les “toma prestado” plata a las empresas para cubrir su desorbitado gasto corriente. Además, las empresas eléctricas tienen contratos colectivos leoninos, realizan una pobre gestión de cobro y sus altos directivos son de nombramiento político y no fruto de una selección profesional.
Con todo eso, a Celec no le alcanza para pagar a Petroecuador el combustible que le entrega para las plantas térmicas. Peor para invertir en generación y trasmisión. Y ninguna empresa privada va a querer invertir en generación si tiene que entregar la energía a tan malos pagadores sin garantía real. Es el caso de las firmas que tienen permisos para montar generadoras de energía eólica y solar. Sería el caso de una empresa que se hiciera cargo del campo de gas Amistad y la planta de generación TermoMachala. Por lo que tampoco hay inversión privada. Similar situación se da en Petroecuador. Debido a ese modus operandi, el consorcio que propone invertir en una unidad de alta conversión para refinar el residuo de la refinería de Esmeraldas no lo va a hacer si no le dan una garantía real de pago.
Es necesario cambiar la normativa para que las empresas públicas funcionen como empresas y abrir para que las privadas puedan invertir en las mismas condiciones. Hoy se ha dado un paso atrás. La recientemente aprobada ley tributaria vuelve a gravar con ISD a las importaciones privadas de combustible, con lo que las petroleras no pueden importar ni gasolina prémium ni GLP para sus clientes industriales.
Las empresas públicas no son empresas. No tienen las referencias centrales que tiene toda empresa: el precio o tarifa que cobra, tener que hacer utilidades y competir. Sin esas referencias, las llamadas empresas públicas van a la deriva.
Un contrargumento es que el Estado no puede asumir el subsidio porque tiene déficit. Entonces, o se reduce el subsidio, se baja el gasto presupuestario, se suben los impuestos o se consigue financiamiento.
Este panorama muestra cómo la política de alto gasto corriente y subsidios que no se pueden pagar desembocan en falta en que no haya inversión y por lo tanto se deterioran los servicios públicos. ¿Será necesario que venga un Milei para patear el tablero y reformar al Estado?
