El pasado 21 de mayo de 2024, la Corte Constitucional (CC) aceptó parcialmente el veto presentado por el presidente Daniel Noboa al proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), una iniciativa ciudadana. La decisión implica que la Asamblea Nacional deberá realizar modificaciones necesarias al proyecto de ley conforme a las consideraciones del dictamen de la Corte antes de que pase a la sanción presidencial.
Artículo 6: La Integración del Consejo Directivo del IESS
Uno de los puntos más polémicos fue el artículo 6 de la reforma, que planteaba una nueva integración del Consejo Directivo del IESS. La Asamblea Nacional aprobó que el consejo debería estar conformado por cinco miembros, incluyendo representantes de los afiliados en relación de dependencia, afiliados sin relación de dependencia, jubilados, empleadores y la Función Ejecutiva. Sin embargo, el presidente Noboa consideró esta propuesta inconstitucional, argumentando que el consejo debe estar compuesto únicamente por representantes de los sectores directamente involucrados: el Ejecutivo, empleadores y trabajadores.
Vetadas totalmente las reformas judiciales aprobadas por Asamblea
En su dictamen, la Corte Constitucional rechazó la objeción de inconstitucionalidad sobre la inclusión de nuevos vocales en el consejo, pero aceptó la objeción presidencial respecto a la forma de integración. La Corte ordenó a la Asamblea Nacional garantizar que la composición del consejo sea acorde al artículo 131 de la Constitución y que asegure una representación paritaria de los sectores involucrados.
Financiación y Ejecución
Otro aspecto clave abordado por la Corte es la financiación de los procesos de elección de los vocales del consejo. La Asamblea deberá identificar claramente las fuentes de financiamiento para costear estos procesos. Según el Consejo Electoral, el costo estimado para organizar las elecciones es de aproximadamente $12,300,000, lo que implica un aporte de $2.90 por afiliado y 73 centavos por jubilado al año.
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Opiniones y Repercusiones
Henry Yánez, exasambleísta y vicepresidente de la Asociación de Jubilados del Ecuador, subrayó la importancia del dictamen de la Corte Constitucional, destacando que cinco de los nueve jueces, incluida la ponente Teresa Lucas Martínez, votaron a favor de rechazar parcialmente la objeción de inconstitucionalidad del presidente Noboa. Según Yánez, este dictamen proporciona un marco político y jurídico más claro para la toma de decisiones sobre la reforma legislativa propuesta.
Yánez enfatizó que la inclusión de nuevos miembros en el consejo, como lo establece la mayoría del dictamen de la Corte, permite mantener una conformación que asegura una representación adecuada de los afiliados activos y jubilados. Sin embargo, también señaló la importancia de garantizar una representación equitativa y paritaria, aunque destacó que esta idea no está respaldada por la Constitución ni por acuerdos previos.
Perspectivas Futuras
El surgimiento de un nuevo grupo cesante ha generado graves repercusiones económicas, con una deuda acumulada considerable debido al incumplimiento de ciertas obligaciones de seguridad social por parte de algunos sectores sociales. Este problema ha afectado profundamente al sector privado y ha planteado desafíos significativos para el financiamiento del sistema de seguridad social.
En este contexto, se hace un llamado a la Asamblea Nacional para que ratifique el proyecto de ley, abordando de manera efectiva estas cuestiones críticas y respetando las facultades establecidas por la ley para los organismos externos y entidades pertinentes.
El contralor general del Estado, Mauricio Torres Maldonado, confía en que durante su gestión se pueda «sanear» la institución, asegurando que la Contraloría deje de ser una herramienta de persecución y se convierta en un ente transparente y eficiente en la supervisión de la gestión pública.
Con estos cambios y la colaboración de todos los actores involucrados, se espera que el sistema de seguridad social en Ecuador pueda avanzar hacia una gestión más justa, equitativa y eficaz, beneficiando a todos los ciudadanos y garantizando un futuro más estable y próspero para el país.
