Una primera positiva conclusión del sufragio del domingo pasado es que el electorado no votó a favor o en contra del Gobierno, sino por lo que le preguntaban. En esto se diferencia de la consulta de Lasso, en que el electorado se pronunció no en todas las preguntas. El presidente Noboa puede proclamar victoria porque la aprobaron 9 de 11 propuestas, pero la derrota en dos significa que el electorado no lo va a seguir ciegamente. Le simpatiza al electorado, pero no lo tiene en el bolsillo. Para las elecciones de febrero, el electorado va a evaluar su desempeño. Su popularidad puede desvanecerse en estos diez meses, en que tiene que el conflicto armado interno, el apagón eterno, y una economía aletargada que según el Fondo Monetario solo crecería 1 %.

Las 9 preguntas con el sí versan todas de la seguridad. Para el electorado es un problema prioritario. La población aceptó sin protesta el alza del IVA al

15 %, ya que se dijo que los fondos a recaudarse eran para la seguridad. El electorado estuvo dispuesto a otorgarle multitudinariamente al presidente todas las herramientas que le solicitó para combatir a las bandas. Era mucho pedir que la mayoría pondere individualmente las 9 preguntas con sus anexos, y vote sí por unas y no por otras. En corto, Noboa tiene un mandato para combatir la violencia; ¿bajo qué parámetros va a ser evaluado?

Contrario a los que muchos creen, este conflicto va para largo. Según Benjamin Lessing, una autoridad en la materia, no es posible combatir contra la violencia, el narcotráfico y la corrupción de manera simultánea: la política más efectiva es la de priorizar la represión de los casos de violencia, lo que empuja a los narcos a abandonarla (Violencia y paz en la guerra contra las drogas, Ediciones Uniandes, Bogotá 2020). Pero la ciudadanía prefiere la lucha en todos los frentes, lo cual lleva a muchas más muertes. He ahí una encrucijada para el presidente: efectividad o popularidad.

En México, Felipe Calderón (2006-2012) ganó popularidad cuando abandonó el combate exclusivo a la violencia y emprendió la represión generalizada.

El correísmo no puede atribuirse la victoria en las dos preguntas que ganaron el no. El no en el arbitraje internacional obedece a la cultura popular, cuyo origen son las instituciones mercantilistas instauradas desde el inicio de la colonia y que la educación escolar mantiene vivas. Bajo esa óptica, la riqueza no se crea, sino que el Estado es el que decide a quién le da y a quién le quita. Las empresas extranjeras ganan plata, entonces es que se la quitan al pueblo. Y si el Estado les quiere quitar dinero a las empresas extranjeras para dárselas al pueblo, el arbitraje internacional lo impide.

El no al arbitraje internacional no anula la excepción para arbitraje en sedes regionales. Costa Rica lo aceptó en el tratado de libre comercio, pero en el acuerdo con China no hay capítulo de inversiones.

El no en la pregunta laboral es lapidario para el intento de modernizar el Código del Trabajo, obsoleto en la economía del siglo XXI. Ni desempleados ni estudiantes ven atractiva la posibilidad de tener trabajo a tiempo parcial, mientras que muchos con trabajo pleno en tareas que se pudieran realizar en menos tiempo temieron que se los despida y reemplace con alguien a tiempo parcial.