El analista político Lolo Echeverría advirtió que Ecuador atraviesa un momento decisivo, marcado por tres crisis que exigen respuestas institucionales firmes, sensatas y apegadas a la Constitución. Así lo expresó en el programa “Ecuador en Vivo”, al analizar la reforma legal planteada por el gobierno de Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado, la renuncia de la fiscal general Diana Salazar, y las recientes tensiones en la Asamblea Nacional.

Echeverría cuestionó el enfoque del Ejecutivo al enviar una ley de carácter económico urgente que, en su opinión, intenta mantener facultades propias del estado de excepción sin control constitucional. “Parece un reto a la Corte Constitucional”, advirtió, al señalar que la propuesta contempla allanamientos sin orden judicial, contribuciones forzosas a empresas, extinción de dominio sin garantías, y hasta indultos previos a policías, elementos que —dijo— ponen en peligro derechos fundamentales.

“El gobierno no puede pretender que una ley esté por encima de la Constitución. Esta propuesta contiene al menos cuatro aspectos inaceptables para cualquier democracia”, sostuvo. Agregó que si bien hay aspectos positivos, como el combate a las fuentes de financiamiento del narcotráfico, estos deben ser tratados con cuidado y sin atropellar el orden legal.

En medio de esta batalla legislativa, el país quedó sin fiscal general tras la renuncia de Diana Salazar. Las miradas están ahora puestas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al que Echeverría llamó a actuar con transparencia. “La designación del nuevo fiscal marcará el rumbo de la lucha contra el crimen. O se impone la política, o se salva la institucionalidad”, señaló.

A esto se suma la disputa interna en la Asamblea Nacional, donde opositores acusan al gobierno de cooptar a legisladores de otros partidos a cambio de cargos en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), alterando así —según Echeverría— “las reglas del juego democrático desde adentro”.

Frente a este panorama, el analista insistió en la necesidad de fortalecer los controles institucionales y recordó que los abusos legales pueden convertirse mañana en herramientas de persecución. “¿Qué pasa si esta ley termina en manos de un nuevo autoritarismo? No se trata de dar un cheque en blanco al poder de turno”, concluyó.