El exjuez de la Corte Constitucional, Enrique Herrería, expresó su preocupación por el uso apresurado e improvisado de las nuevas facultades del Consejo de la Judicatura para remover jueces y fiscales, tras la aprobación de la Ley de Integridad Pública. Si bien considera positiva la existencia de una norma que permita depurar el sistema judicial, advirtió que “la forma es tan importante como el fondo” y alertó sobre el riesgo de que esta herramienta termine siendo usada como vía para intervenir en la justicia sin las garantías adecuadas.

“La justicia necesita cirugía, no parches. Y eso requiere planificación, no apuros ni contradicciones normativas”, dijo Herrería en el tercer programa de la serie “Cómo mejorar la justicia”, conducida por Carlos Vera. En su intervención, el jurista recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha fallado en contra del Estado ecuatoriano por vulnerar el principio de inamovilidad judicial en casos como Camba Campos y Quintana Cuello, por lo que se deben extremar los cuidados para evitar nuevas violaciones.

Aunque defendió el contenido general de la Ley de Integridad Pública, Herrería lamentó que no se haya tomado más tiempo para perfeccionar su redacción. “Tiene cosas positivas, pero debió haberse elaborado con más precisión técnica y consulta a expertos. Aun así, bienvenida sea si se aplica bien y con responsabilidad”, puntualizó.

Además, propuso una reforma de fondo: limitar al Consejo de la Judicatura al rol de administrador del sistema judicial, y retirar sus atribuciones disciplinarias, que a su criterio han sido mal utilizadas y politizadas. “Que los jueces vuelvan a tener incidencia en la carrera judicial, como antes, cuando desde la Corte Suprema se conocía quién era realmente un buen procesalista o un juez honesto”, sostuvo.

Herrería también hizo un llamado al presidente de la República a convocar informalmente a juristas de reconocida trayectoria como Mariana Yépez o Ricardo Vaca Andrade, con el fin de escuchar sus ideas y construir propuestas técnicas y sostenibles para una verdadera reforma judicial. “No se gobierna solo desde las funciones del Estado. La participación ciudadana, la experiencia acumulada, también deben ser parte del proceso de reconstrucción del sistema”, subrayó.

Finalmente, expresó su esperanza de que el interés actual por reformar la justicia no se diluya en discursos, sino que se traduzca en acciones concretas. “Recuperar el prestigio del sistema judicial tomará años, pero no hay peor esfuerzo que el que no se hace”.