La propuesta de ley sobre economías criminales impulsada por el Ejecutivo continúa generando un encendido debate en el país. En el programa Vera a su manera, los abogados penalistas Nino Cassanello y André Santos coincidieron en que la norma responde a una necesidad urgente de enfrentar el conflicto armado interno y la violencia sistemática, pero advirtieron que requiere una discusión profunda y responsable en la Asamblea Nacional.

Cassanello señaló que el proyecto no parte de una visión tradicional del derecho penal, sino de un enfoque operacional. “Se trata de objetivos tácticos frente a grupos que ya presentan características militares. La idea es someterlos a un proceso en el marco del estado de derecho, con reglas claras. Es el paso que exige tanto la realidad como las instituciones”, dijo. Sin embargo, subrayó que la aprobación debe darse tras un debate serio. “Debe discutirse. Es una discusión infranqueable que no se puede evadir”, apuntó, al tiempo que instó a los asambleístas a revisar el texto y plantear alternativas claras si se oponen al reconocimiento de los grupos organizados armados. “Después de 11 militares asesinados en el oriente, si no se reconoce este fenómeno, ¿cuál es la opción B?”, cuestionó.

Por su parte, el abogado André Santos expresó su preocupación ante la postura de ciertos sectores jurídicos que han rechazado de forma categórica el proyecto. “Estas reacciones reflejan un gran desconocimiento sobre cómo debe ser una auténtica ley antiterrorista a nivel internacional”, afirmó. Recordó que países como Singapur, que muchos en Ecuador admiran, tienen legislaciones que permiten incluso detenciones indefinidas por terrorismo. “Esta ley tiene aspectos muy positivos, pero claro que debe perfeccionarse, reestructurarse. Aún se le pueden incorporar componentes para alcanzar un verdadero estándar internacional”, indicó.

Santos consideró que el plazo de 30 días para su tratamiento es un desafío, pero reiteró que no se debe perder el objetivo por criticar los mecanismos. “La idea es que, si algo debe cambiarse, se lo haga, pero sin renunciar al fondo del problema”.

El contexto del debate fue presentado con declaraciones del ministro de Gobierno, José Antonio de la Gasca, quien explicó que esta ley responde a un mandato de la Corte Constitucional para regular el uso de la fuerza pública fuera del estado de excepción. No obstante, la Corte también ha advertido que el Ejecutivo no ha cumplido con otras disposiciones, como la creación de una comisión institucional para superar estructuralmente la violencia.

La propuesta también ha generado críticas desde sectores como el expresidente Osvaldo Hurtado, quien reconoció la gravedad de la violencia, pero expresó su preocupación por el equilibrio entre seguridad y derechos. “Hay que proteger a policías, militares, jueces y fiscales. Esta es una situación de emergencia. Pero la discusión debe ser razonada en la Asamblea, no un simple alzamanos”, dijo.