En mi anterior artículo manifesté que soy partidario de que en nuestro país vayamos lo más pronto posible a una Asamblea Constituyente porque se requieren algunos cambios importantísimos para mejorar la calidad intelectual y ética de quienes deben dirigir y cumplir funciones esenciales, así como disminuir gastos improductivos y recursos económicos que pueden ser utilizados en programas de salud, educación, desarrollo cultural, seguridad y generación de empleo e inversión social. Señalé que el Presidente de la República, públicamente ha expresado que si es elegido en el próximo proceso electoral como primer mandatario, convocará a una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano resuelva la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar una nueva Constitución con las reformas imprescindibles que nuestro país requiere a fin de seguir adelante. En ese orden, yo considero que deben tomarse en cuenta las siguientes propuestas:

1.- Recuperación de nuestro mar territorial y salida de nuestro país de la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), reafirmando la tesis de 200 millas marinas y sus riquezas en favor de los ecuatorianos. Todos los gobiernos, civiles y militares de nuestro país, desde la suscripción de la Declaración de Santiago de 1952  que determina en forma expresa un mar territorial de 200 millas, han mantenido y defendido ésta tesis, que incluye el espacio aéreo, la órbita geoestacionaria y una parte de la Antártida, así como la Cordillera subterránea de Manta llamada también de Carnegie sumamente rica “con cerca de cien mil millones de t de nódulos polimetálicos de manganeso, mineral estratégico hasta para producir bombas nucleares y medicinas contra el cáncer” (diario Expreso,3 de noviembre de 2022, José Arrobo Reyes). En el 2012, 61 asambleístas, bajo la presidencia de Fernando Cordero Cueva, aprobaron en ese organismo legislativo que el Ecuador ingrese en la CONVEMAR y se someta a sus disposiciones legales y a sus Tribunales. Esto fue ratificado por Rafael Correa, que expidió el Decreto 1238 de 15 de julio de 2012, publicado en Registro Oficial No. 759 de 2 de agosto de 2012. En el 2021 la cereza del pastel la puso Guillermo Laso que en acuerdo con los Asambleístas,  objetó parcialmente al texto que reformaba los artículos del Código Civil que ratificaban las 12 millas de mar territorial que le envió la Asamblea para el ejecútese, devolviéndole a la Asamblea el mismo texto pero con otra redacción, con las mismas frases claves para reafirmar un mar territorial de 12 millas para Ecuador,  Y 116 asambleístas, en agosto del 2021, aprobaron las reformas al Código Civil por las que se ratifica un mar territorial de 12 millas En la práctica, Ecuador perdió 188 millas de su mar territorial, una buena parte de su futuro en el campo de la alimentación marina y casi la totalidad de los inmensos recursos minerales y metálicos que teníamos bajo el mar.

2.- Reestructurar totalmente lo que se refiere al Enjuiciamiento Político del Presidente y Vicepresidente, Ministros de Estado y otras altas autoridades del país, puesto que, este enjuiciamiento ha perdido completamente su esencia y su seriedad como una institución de evaluación importante de justicia político-jurídica para convertirse en un mecanismo sainete de extorsión política. No puede ser posible que un grupo de legisladores, de cualquier partido político, el momento que “le venga en gana” o “tenga un interés de cualquier tipo”, reuniendo firmas, utilice el juicio político para presionar, chantajear, “negociar” o golpear políticamente a un gobierno que no ha cedido frente a sus requerimientos protervos. Ni es conveniente para el país que los ciudadanos tengamos que presenciar una fila larga de Ministros o de otras autoridades, que están en la cola, llamados a juicio por razones insignificantes. Se hace necesario, entonces, puntualizar requisitos exigentes y de alto valor jurídico y contenido político para que un Mandatario o un Ministro o una autoridad sea enjuiciado por el organismo legislativo.

3.- Otro aspecto que necesariamente debe tomarse en cuenta es la reestructuración de la administración de justicia, desde la designación de los jueces de las Cortes que debe estar en manos de la Academia de nuestras Universidades, de la Federación Nacional de Abogados y de los Colegios Provinciales de Abogados, pasando  por las reformas legales necesarias para agilitar la resolución de los procesos judiciales; esto es, eliminar las generalizaciones y ambigüedades de las disposiciones legales, especialmente penales, que han servido para que ciertos jueces las interpreten como les “viene en gana” y se institucionalice la impunidad y los pagos por fallos; eliminar esa cantidad de audiencias que en el campo procesal civil tienen que realizarse y que restan el tiempo y el trabajo laboral a los jueces que deben presidirlas así como la obligatoriedad de expedir  sentencias a la finalización de la última audiencia, que ha provocado la expedición de horrendos fallos que son, en muchísimos casos, verdaderos bodrios jurídicos; y la constitución de Salas de la Corte Nacional en las Provincias, para que los usuarios que presentan especialmente recursos de Casación no tengan que viajar ni contratar Abogados en Quito para su defensa. Igualmente, la entrega de los recursos económicos necesarios para un buen funcionamiento de la administración de justicia y la dotación de todos los elementos tecnológicos que simplifiquen y mejoren el trabajo diario; la capacitación y evaluación permanente de Jueces y Fiscales y  del personal administrativo, así como  el examen constante de sus bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, pólizas, dinero en efectivo, vehículos, etc. y los de sus familiares más cercanos; el establecimiento de un verdadero sistema de estímulos y de una auténtica carrera judicial y, el aumento del número de jueces y fiscales que se requiere técnicamente para cumplir con el trabajo judicial en sus diferentes especificidades. Creo, además que el Consejo de la Judicatura que debería asumir algunas de estas tareas, debería conformar en cada Provincia grupos de Abogados litigantes para que opinen acerca de qué es lo que se necesita para mejorar la administración de Justicia de nuestro país. Y crear un Fondo Editorial que publique libros jurídicos en las diferentes materias, para que se los entreguen a los Jueces y Fiscales, a fin de que éstos lean, estudien y mejoren intelectualmente. En la vida, en cualquier actividad, siempre es bueno aprender y prepararnos permanentemente, Eso nos nutre y nos convierte en verdaderos seres humanos.

En mi próximo artículo continuaré con otras propuestas.