Más de un año después de que los ecuatorianos votaran para poner fin a la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, el Estado continúa con las operaciones en esta zona natural protegida.

El referendo, realizado el 20 de agosto de 2023, obtuvo un 59% de apoyo a la pregunta sobre el futuro del Bloque 43, conocido por albergar importantes reservas petroleras.

Aunque el referendo fue celebrado por organizaciones ambientalistas como un avance en la conservación, el gobierno no ha cumplido con el mandato.

El 30 de agosto de 2024, el plazo para paralizar las actividades petroleras venció sin que se haya hecho efectivo, y la administración de Daniel Noboa presentó un informe ante la Corte Constitucional solicitando un periodo de hasta diez años para completar el cierre.

Antonio Goncalves, ministro de Energía y Minas, defendió la necesidad de este tiempo adicional para llevar a cabo un cierre seguro, argumentando que no hay precedentes de una operación de este tipo en el país.

Las organizaciones ambientalistas han denunciado que el gobierno está incumpliendo el mandato popular.

El Bloque 43 es considerado una amenaza para la biodiversidad y los pueblos indígenas de la zona, que son parte fundamental del ecosistema del Yasuní.

Se han reportado múltiples impactos ambientales críticos y severos como la contaminación del agua y la amenaza a la fauna local.

¡Shawar-rata! Roedor muerto acompañaba a cocinero en negocio de shawarma

El Yasuní es un área de extraordinaria biodiversidad, albergando miles de especies y pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Además, el Bloque 43 contiene un 20% de las reservas probadas de petróleo de Ecuador, lo que plantea un dilema entre la explotación de recursos y la conservación del medio ambiente.

Ecuador ha enfrentado desafíos económicos desde la caída del precio del petróleo en 2014, y la explotación del Yasuní representa una parte significativa de la economía del país.

La extracción de petróleo del Bloque 43 aportó más de $6,700 millones entre 2016 y 2022, representando más del 12% de la producción de Petroamazonas.

Sin embargo, críticos argumentan que el gobierno está exagerando la importancia del Yasuní para la economía y que cerrar el bloque no es insostenible.

La preocupación por la seguridad de los recursos hídricos y la salud de las comunidades afectadas es cada vez más urgente.

El debate sobre cómo proceder sigue sin resolverse. Aunque el gobierno de Noboa ha formado un Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní para abordar la situación, la incertidumbre persiste.

Los juristas discuten si el año estipulado por la Corte Constitucional para finalizar la explotación se refiere a un calendario o a días hábiles.

Mientras tanto, la comunidad internacional y los defensores del medio ambiente observan de cerca la evolución de la situación en Yasuní, esperando que se respete la decisión del pueblo ecuatoriano y se actúe en favor de la conservación de este vital ecosistema.