La legisladora de Pichincha, Inés Alarcón, ha presentado una iniciativa legal para reformar el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Su propuesta busca fomentar la mínima intervención penal y garantizar la proporcionalidad del castigo.

La reforma propone sustituir la pena privativa de libertad de tres días por trabajo comunitario de sesenta (60) a ciento veinte (120) horas para quienes cometan contravenciones de tránsito de primera clase, que incluyen:

• Conducir sin haber obtenido licencia.
• Faltar de obra a la autoridad o agente de tránsito.
• Exceder los límites de velocidad establecidos.

La suspensión de los radares contraviene lo establecido en la Constitución 

Alarcón destaca que esta modificación se alinea con el artículo 3 del COIP, que estipula que la intervención penal debe ser estrictamente necesaria y un último recurso cuando no existen mecanismos extrapenales suficientes.

En su exposición, la legisladora enfatizó que “la mínima intervención punitiva se basa en la idea de que el derecho penal debe ser el último recurso en la resolución de conflictos y en la protección de la sociedad”.

Afirmó que es fundamental considerar alternativas que promuevan la rehabilitación, reintegración y prevención en lugar de recurrir a sanciones inmediatas.