La Contraloría General del Estado ha puesto bajo su lupa cuatro contratos colectivos de empresas del sector público, tras una solicitud formal realizada por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. La ministra argumenta que estos documentos podrían contravenir la ley.

Las normativas vigentes permiten a la Contraloría revisar los contratos colectivos del sector público, especialmente cuando los beneficios y conquistas que estos otorgan se financian con fondos del Estado. El objetivo del examen especial es determinar si existen irregularidades y, de ser así, identificar las responsabilidades civiles, administrativas, culposas o penales correspondientes.

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Estos contratos colectivos han generado un intenso debate debido a las prebendas excesivas que contemplan, tales como bonos de eficiencia a pesar de las pérdidas empresariales, servicios de guardería, indemnizaciones desproporcionadas y beneficios por antigüedad. En algunos casos, ciertos trabajadores perciben ingresos superiores a los del presidente de la República, lo cual está explícitamente prohibido por la ley.

Un caso particular que ha llamado la atención es el del sindicato de CNT, que mediante acciones de protección logró transferir a miles de sus trabajadores de la Ley Orgánica del Sector Público (LOSEP) al Código del Trabajo, permitiéndoles acceder a los beneficios del contrato colectivo.

Algunos gremios han expresado su preocupación por los privilegios revelados y han suspendido voluntariamente ciertos puntos de sus contratos. Por su parte, la ministra Núñez ha manifestado su firme compromiso de continuar con esta investigación hasta esclarecer todos los aspectos involucrados.