Las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas en las cárceles del Ecuador, tras la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador, ha sido un tema que se ha mantenido como un secreto a voces.

De acuerdo a familiares de las personas privadas de libertad (PPL) y defensores de derechos humanos, desde que ingresaron los militares a los centros carcelarios, han sido múltiples las presuntas acciones que se han ejecutado en contra de los presos. Incluso, hablan del fallecimiento de un reo por inanición, condición que es provocada por la falta de alimentos.

El defensor del Pueblo (e), César Córdova, informó que la institución ha realizado 82 visitas a centros de rehabilitación en los meses de abril y mayo, constatando la existencia de agresiones contra los internos y condiciones inadecuadas de alimentación, donde en algunos casos solo se proporciona una ración al día, en lugar de las tres raciones diarias establecidas por normas internacionales.

Este incumplimiento, afirmó, podría considerarse una forma de tortura, lo cual ha llevado a la Defensoría a presentar más de 25 denuncias ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen posibles vulneraciones a los derechos humanos. Y es que, además, han recibido el reporte de 24 muertes y 155 torturas.

Desde golpes hasta agresiones sexuales

Billy Navarrete, director Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, reveló graves denuncias de tortura y tratos crueles hacia personas privadas de libertad en Ecuador, a causa de la intervención de las Fuerzas Armadas en diversos centros penitenciarios del país, incluida la Penitenciaría del Litoral, bajo “el pretexto de un conflicto armado interno”.

El último informe del Comité de Derechos Humanos (CDH) documenta múltiples casos de abuso y maltrato desde que “las fuerzas militares tomaron el control de las prisiones”. Entre los testimonios recopilados, se menciona la restricción de acceso a agua potable y alimentos, decomiso de bienes personales, y falta de comunicación con familiares de los detenidos. Aún más alarmante son las “prácticas de tortura que incluyen golpes, uso de gas pimienta, ahogamientos, y agresiones sexuales”.

El CDH ha registrado la muerte de 680 personas en contextos de violencia en el sistema carcelario ecuatoriano desde 2018 hasta 2023. Y la última intervención militar ha sido criticada por violar los estándares del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, lo cual no justifica la tortura sistemática de los detenidos.

Las denuncias de tortura incluyen:

• Golpes con palos y cables metálicos.
• Restricción de alimentos por más de seis días.
• Uso de gas pimienta y ahogo en tanques de agua.
• Violaciones sexuales con objetos.
• Encierro prolongado en celdas sin acceso a servicios básicos.

Además, recogen que las familias de los reclusos también han sido víctimas de tratos crueles y degradantes, enfrentándose a la falta de información y restricciones para ingresar comida. La intervención militar, “lejos de ser temporal y subsidiaria, ha desplazado por completo a las autoridades civiles encargadas de la administración penitenciaria”, denuncian.

En ese sentido, el CDH ha presentado demandas de habeas corpus para exponer estas prácticas de tortura y buscar la protección de los derechos de los detenidos. Ya en audiencias judiciales, se han concedido medidas cautelares a favor de los reclusos de la Penitenciaría del Litoral, entre otros, ordenando a las Fuerzas Armadas respetar la ley.

Ante la situación en las cárceles de Ecuador, organizaciones de derechos humanos llaman a una revisión urgente de las políticas de intervención militar y a la adopción de medidas que garanticen la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad.

Orden judicial

Una jueza de Guayaquil falló a favor del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que había solicitado medidas cautelares para abordar el desabastecimiento de alimentos en nueve centros de privación de libertad en la provincia de Guayas.

En su resolución, la magistrada Isabel Jorgge ordenó la inmediata regularización de la provisión de alimentos en la Penitenciaría del Litoral, La Roca, la Cárcel Regional, la Cárcel de mujeres, los Centros de Adolescentes Infractores y otros reclusorios en el Puerto Principal y El Empalme.

Además, la jueza instruyó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) a facilitar el acceso de representantes de organismos de derechos humanos, a las prisiones para “constatar la provisión suficiente de alimentos” para los reos.

De igual forma, el SNAI deberá acelerar el proceso de contratación de una empresa encargada de suministrar comida a los más de 12.000 reclusos de los nueve centros mencionados.

Un pedazo de sandía 

En la cárcel de Cotopaxi, uno de los nueve centros afectados por la situación alimentaria, el almuerzo de los reclusos se limitó a un pedazo de sandía y un pan. Esta situación se originó luego de que el SNAI cancelara el contrato con Lafattoria S.A., empresa proveedora de alimentos, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Desde mayo de 2024, Lafattoria S.A. dejó de suministrar alimentos en las cárceles de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Cotopaxi y Guayas. Además, se ha anunciado que en dos meses más se retirará de la cárcel de Manabí.

Ante la falta de provisiones, familiares de los presos, organizaciones sociales, bancos de alimentos y la iglesia, han entregado donaciones, aunque estas resultan insuficientes. El SNAI, por su parte, ha evitado responder a los pedidos de información.

Juan Pablo Albán, relator del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, criticó que familias de los detenidos, que recolectaron alimentos como aceite, lentejas y azúcar, se vieron obligadas a regresar con sus donaciones por una falta de organización y respuesta efectiva por parte del SNAI.

“El Estado, al privar de libertad a una persona, se convierte en garante de sus derechos, incluyendo alimentación, salud y seguridad”, afirmó Albán.

Por tal motivo, hizo un llamado urgente al gobierno para desarrollar una política pública adecuada que garantice los derechos de los detenidos. Ya que “la falta de alimentación adecuada puede constituir trato cruel e inhumano, lo que podría derivar en responsabilidades internacionales para el Estado ecuatoriano”.

“La calidad de una sociedad se mide por la forma en que trata a las personas que se encuentran en una situación de mayor desamparo”, concluyó Albán, citando a Nelson Mandela.