La Organización de Estados Americanos condenó casi por unanimidad la incursión policial en la embajada de México en Quito. Era previsible este resultado, pues, todos los países actúan en defensa propia; ninguno iba a exponerse a una justificación de eventuales violaciones a sus sedes diplomáticas en el mundo.

Después de esa condena corresponde a los ecuatorianos meditar profundamente en este episodio y prepararnos, desapasionadamente, para los próximos capítulos de este drama: la ONU, el Tribunal Internacional de Justicia y cualquier otro escenario al que pueda llevarnos la poderosa cancillería mexicana. No necesitamos ni nacionalistas ultraístas ni traidores que se pongan del lado mexicano.

El gobierno seguramente organizará equipos de trabajo con experimentados y elocuentes diplomáticos para defender las posiciones ecuatorianas, para explicar a los gobiernos y a las instituciones internacionales, para difundirlas por los medios de comunicación; en suma, para tomar la iniciativa.

Ecuador tiene que defenderse haciendo conocer el contexto del conflicto interno en contra del maridaje entre narcotráfico y política, de la lucha de la Fiscal Salazar en contra de la corrupción, de la protección de gobiernos de izquierda a políticos corruptos por razones ideológicas.

Las revelaciones que han hecho los participantes en la trama de corrupción de Odebrecht, ahora sometidos a juicio en Estados Unidos, confirman la solidez de las acusaciones al exvicepresidente Jorge Glas y muestran al mundo la calaña de los personajes que protegían las autoridades mexicanas pervirtiendo la institución del asilo político.

Sería lamentable que el gobierno ecuatoriano se dejara deslumbrar por el apoyo que recibe de los ciudadanos, pensando en victorias electorales más que en la imagen internacional del país. La única manera civilizada de restaurar esa imagen es el diálogo y, tal vez, los buenos oficios de un tercer país o institución que logre acercar a las partes en conflicto.