El vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, Andrés Castillo, defendió firmemente los recientes cambios legales impulsados por el oficialismo, que incluyen la entrada en vigencia de la Ley de Inteligencia y reformas que buscan endurecer las penas para menores de edad vinculados a delitos graves.

Castillo argumentó que la nueva Ley de Inteligencia llena un vacío histórico en la normativa ecuatoriana. “Durante años operaron servicios de inteligencia sin regulación clara, como la extinta Senain, dejando abierta la puerta a abusos. Ahora, por primera vez, hay reglas, controles y un marco jurídico que permite anticiparse a los delitos, evitando que el Estado actúe a ciegas frente al crimen organizado”, aseguró. Destacó además que la ley prohíbe expresamente el uso político de la inteligencia, limitándola exclusivamente a la lucha contra el crimen.

El asambleísta explicó que la inteligencia, por su naturaleza preventiva, requiere mecanismos distintos a los procesos penales tradicionales, donde intervienen jueces y fiscales tras la comisión de los delitos. “Aquí lo que buscamos es adelantarnos, detectar las amenazas antes de que se concreten los crímenes. Si hay que esperar siempre a la orden judicial, llegamos tarde”, sostuvo.

En paralelo, Castillo defendió la reforma que permitirá juzgar como adultos a los menores de edad involucrados en delitos graves, como sicariato o secuestros, una medida que ha generado fuerte controversia. A su criterio, la mafia ha instrumentalizado la inimputabilidad de los adolescentes para reclutarlos como sicarios y extorsionadores. “Estamos enfrentando un fenómeno nuevo: organizaciones criminales que utilizan a menores por la garantía de impunidad. Eso nos obliga a dar una respuesta legal excepcional”, afirmó.

Según explicó, los menores seguirán cumpliendo las penas en centros de rehabilitación diferenciados de las cárceles de adultos, pero bajo el mismo régimen sancionador en casos de crímenes graves. Reconoció que la repotenciación de estos centros exige recursos, pero insistió en que el Estado debe priorizar el presupuesto para enfrentar esta amenaza.

Aunque admitió que estas medidas no resolverán por sí solas el problema de fondo, que tiene raíces sociales y económicas, consideró que son pasos necesarios para frenar la expansión de las mafias. “Es como enfrentar un cáncer: primero se extirpa el tumor, luego se trabaja en la recuperación del tejido social”, comparó.

Finalmente, Castillo cuestionó la oposición política a estas reformas, acusando principalmente al bloque de la Revolución Ciudadana de oponerse sistemáticamente a cada una de las leyes de seguridad impulsadas por el oficialismo: “Se opusieron a las bases militares, a la Ley de Solidaridad, a la Ley de Inteligencia y ahora a esta reforma sobre los menores infractores. Mientras tanto, la mafia sigue avanzando”, concluyó.