El presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, confirmó en entrevista con Notimundo que su organización presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 457, emitido por el presidente Daniel Noboa, mediante el cual se designó a Sariha Moya como vicepresidenta encargada del Ecuador. Según Vallejo, el decreto vulnera los principios de la Constitución, especialmente los artículos 146 y 150, que regulan los motivos para encargar funciones de la Presidencia y la Vicepresidencia.

Vallejo señaló que la decisión de apartar a la actual vicepresidenta, Verónica Abad, carece de sustento jurídico y se basa en una resolución emitida por el Ministerio de Trabajo. “No tiene sentido que una autoridad electa por votación popular sea removida mediante una acción administrativa”, subrayó. Además, indicó que permitir tal precedente abre la puerta para que en el futuro, un ministro pueda incluso intentar suspender al presidente, lo que calificó como un acto “arbitrario e ilegal”.

El presidente del Partido Socialista destacó que, a pesar de las diferencias ideológicas de su organización con Verónica Abad, la defensa del estado constitucional de derecho es prioritaria. “Es un tema de principios; no podemos tolerar la vulneración de la democracia y la Constitución”, afirmó.

Vallejo enfatizó que la responsabilidad principal recae en el presidente Noboa, quien firmó el decreto, seguido por la ministra de Trabajo, Ivón Núñez, a quien acusó de facilitar esta decisión con argumentos débiles y con fines políticos. “Es evidente que estas acciones están encaminadas a impedir la posible sucesión de Abad a la presidencia, en el marco de un eventual proceso electoral”, agregó.

Asimismo, señaló que la funcionaria Silvana Villarruel Campos, quien firmó la resolución inicial en el Ministerio de Trabajo, podría enfrentar investigaciones. Sin embargo, insistió en que centrar las sanciones en niveles jerárquicos inferiores sería “una cortina de humo” para desviar la atención de los verdaderos responsables.

Llamado a la Corte Constitucional

El dirigente socialista instó a la Corte Constitucional a pronunciarse con celeridad sobre la validez del decreto, argumentando que no existe margen para interpretaciones ambiguas. “La Corte debe decidir si este decreto se enmarca en la Constitución. Su función es garantizar la justicia y proteger los derechos democráticos del país”, dijo.

Escenario político y social

Vallejo advirtió que la crisis generada por el Decreto 457 podría tener repercusiones políticas y sociales, en un contexto marcado por problemas de seguridad, cortes eléctricos y tensiones en el gobierno. “Espero que esta situación no derive en movilizaciones o conflictos en las calles, lo que agravaría aún más la inestabilidad del país”, comentó.

Mientras tanto, desde el Parlamento se han alzado voces que consideran la posibilidad de un juicio político contra la ministra Ivón Núñez. Sin embargo, Vallejo pidió que este proceso no desvíe el foco de atención del problema de fondo: la legalidad del decreto y el respeto a la Constitución.

La acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido Socialista se suma a las críticas de diversos sectores que cuestionan el procedimiento utilizado para designar a Sía Moya como vicepresidenta encargada. El desenlace de esta controversia será crucial para el futuro político e institucional del país.