El Consejo de Administración Legislativa (CAL) trató las denuncias presentadas contra la asambleísta Paola Cabezas el 22 de septiembre, derivadas de incidentes ocurridos en la Comisión de Fiscalización.

Las quejas fueron presentadas por los asambleístas Inés Alarcón y César Umajinga del partido Acción Democrática Nacional (ADN), en relación con una discusión sobre el archivo del juicio político contra la fiscal general Diana Salazar, que tuvo lugar el 9 de septiembre.

La legisladora Esther Cuesta, de Revolución Ciudadana (RC), propuso acumular las quejas en un solo expediente, argumentando que no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, su moción solo recibió tres votos a favor y dos en contra, lo que impidió su aprobación.

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Posteriormente, el asambleísta Diego Matovelle, respaldado por Eckenner Recalde, intentó unificar las denuncias, pero esta propuesta también fue rechazada con dos votos a favor y dos en contra.

Finalmente, el CAL no tomó una decisión concluyente sobre las denuncias, que acusaban a Cabezas de actos violentos y agresiones verbales.

A pesar de las pruebas presentadas, no se lograron los votos necesarios para avanzar en el proceso y sancionar a la legisladora.