Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, enfatizó la importancia de analizar el patrimonio de los aspirantes en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia como parte de la evaluación de la probidad notoria.

Destacó que es esencial verificar si el patrimonio de los postulantes —abogados en libre ejercicio, jueces y miembros de la academia— corresponde con lo que han obtenido a lo largo de su carrera profesional, sugiriendo que se deberían abrir sus cuentas para mayor transparencia.

No obstante, Guzmán recordó que esta solicitud no fue incluida en el reglamento utilizado para el concurso. En su opinión, el proceso actual debería ser declarado nulo, ya que las dudas sobre la integridad del proceso persisten. Según él, el reglamento debe ser reformado y el concurso repetido para garantizar un proceso transparente y confiable.

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Guzmán propuso que, en caso de declararse la nulidad total del concurso, se debería formar una veeduría independiente integrada por miembros de la Academia, la Federación Nacional de Abogados y la Asociación de Psicólogos, entre otros.

En referencia al Caso Pantalla, Guzmán señaló que, durante la presidencia de Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura, se desencriptaron las preguntas del concurso y se entregaron a ciertos postulantes, lo que desató las investigaciones de la Fiscalía.

Este acto, según Guzmán, evidenció la falta de probidad de las autoridades responsables, justificando la nulidad del concurso en ese entonces.