La dignidad humana es intangible, y respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Por ello se reconocen los derechos humanos inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo, derechos fundamentales que se vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como derecho directamente aplicable. Este es un extracto de los primeros artículos de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. A su vez consta como norma eje de la Constitución de Colombia.

Con estos dos ejemplos constitucionales, pongo el eje de este artículo en el sentido de que el fin del Estado y de todas sus autoridades debe estar destinado al servicio del bienestar de la gente, de su mejora en su calidad de vida, del respeto absoluto a sus derechos, y ese es el sentido de legitimidad de pedir a la gente un esfuerzo tributario bajo la premisa de que le va a retornar en bienestar.

¿Y qué dice la Constitución del Ecuador sobre el fin del Estado? En el artículo 3 se establece con claridad como deber primordial del Estado lo siguiente: “1) Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.

Esta orientación de la labor estatal al servicio de la gente es para todas las autoridades y Gobiernos locales, así como para la Asamblea Nacional; por eso, en el artículo 84 de la Constitución se establece que todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar las leyes a los derechos previstos en la Constitución.

Recordar también que dentro de los derechos bajo responsabilidad del Estado están los servicios públicos, tales como de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, seguridad, educación, administración de justicia, entre otros.

El primer semestre de este año hubo una demostración entre Legislativo y Ejecutivo por encontrar una agenda común pensando en el interés general. Otras funciones y organismos del Estado tienen importantes asuntos también que resolver, y deben hacerlo bajo la misma orientación.

En esta época, hay que volver a tener sentido país, dejar de lado el egoísmo político y la mirada electoral; recordar a todos quienes ejercen cargos de poder cuál es la razón de ser de su cargo, por qué y para qué fueron elegidos, hacia dónde deben destinar sus esfuerzos, cuáles son los temas importantes; que se den cuenta de la necesidad de volver a sentarse en una mesa por cuanto varios de estos derechos que son fin primordial del Estado están gravemente afectados. La gente y sus derechos, su calidad de vida: eso es lo primordial.