La Fiscalía de Venezuela anunció el lunes por la noche que la activista de derechos humanos y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, fue imputada por delitos de terrorismo y conspiración. Sin embargo, sus abogados aseguran que no estuvieron presentes durante la audiencia y denuncian la “desaparición forzada” de San Miguel.

El Fiscal General, Tarek William Saab, informó que la acusación involucra a San Miguel y a cinco familiares, señalándolos de conspirar contra el gobierno. Durante la audiencia, los abogados de San Miguel no estuvieron presentes, y la activista no tuvo asistencia legal, según denunciaron.

Los cargos imputados a San Miguel incluyen traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. La fiscalía sostiene que la activista y sus familiares estarían involucrados en tramas de conspiración contra el gobierno venezolano.

Los abogados de San Miguel informaron que no han podido establecer contacto con ella ni con los familiares presentados en tribunales el lunes por la noche. La situación es descrita como “desaparición forzada”, y San Miguel lleva más de 100 horas incomunicada, según los abogados.

Alejandro González, vinculado al entorno familiar de San Miguel, también fue acusado por delitos como revelación de secretos políticos y militares, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

Saab anunció que otras cuatro personas permanecerán bajo régimen de presentación, sin especificar sus nombres. La fiscalía no ha proporcionado detalles sobre la ubicación o situación de San Miguel y sus familiares.

El gobierno venezolano ha denunciado una “feroz campaña” desde el exterior contra el sistema judicial y el Estado venezolano. El fiscal Saab acusó a sectores externos de respaldar intentos de magnicidio y golpes de Estado, buscando deslegitimar las acciones de las instituciones venezolanas.

San Miguel fue detenida el viernes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar cuando se disponía a tomar un vuelo comercial con su hija. Organizaciones internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, han expresado su “profunda preocupación” y han solicitado la liberación inmediata de la activista, señalando que su detención podría constituir una desaparición forzada.

El gobierno de Estados Unidos, a través del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, manifestó su preocupación por la detención de San Miguel y reiteró la necesidad de que el presidente Nicolás Maduro cumpla con los compromisos acordados en Barbados con la oposición venezolana.