Este miércoles, 8 de mayo de 2024, marca el final del plazo establecido por la Corte Constitucional para la desclasificación de actas y audios del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) relacionados con el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio en 2018.
Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018 por guerrilleros del Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC. Trágicamente, el presidente Lenín Moreno confirmó su asesinato el 13 de abril de ese año.
La Corte Constitucional ordenó la desclasificación mediante la sentencia 4-21-DN/24, específicamente referida a las actas 18 del 28 de marzo de 2018, 19 del 13 de abril de 2018 y 20 del 17 de abril de 2018, junto con los audios, transcripciones y la lista de integrantes de las sesiones del Cosepe vinculadas al caso.
Hasta la mañana del 8 de mayo, los familiares del equipo periodístico no habían recibido la información solicitada. De hecho, la reunión programada para las 10:00 en el Ministerio del Interior fue suspendida.
Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, confirmó que la entrega de los datos se realizará este jueves, 9 de mayo de 2024, en la Presidencia de la República, a las 15:00.
André Benavides, abogado constitucionalista, advirtió que la no entrega de la información requerida constituiría un incumplimiento de una decisión legal de una autoridad competente, tipificado como delito en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una pena de uno a tres años de privación de libertad. En caso de incumplimiento, la Fiscalía deberá determinar las responsabilidades.
La Corte Constitucional, además, podría activar la fase de seguimiento y cumplimiento de sentencia y, en última instancia, proceder a la destitución del funcionario responsable de la entrega de la información.
