Ante esta situación, los comisionados mostraron evidente nerviosismo y preocupación.
Los miembros de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargada de designar al Defensor Público, fueron objeto de amenazas durante una sesión extraordinaria realizada hoy, 7 de mayo de 2024.
Durante la reunión telemática dirigida por la presidenta de la Comisión, Gabriela Cadena, la secretaria Tania Chamorro leyó un mensaje recibido en los correos de los comisionados. El mensaje, atribuido a un individuo identificado como «Diego», instaba a los comisionados a actuar contra los candidatos Rodrigo Frías y Byron Guillén, mencionando el caso «Metástasis».
Un extracto del mensaje dice: «Es preciso indicarles que el concurso está por terminar, para lo cual tienen que realizar lo siguiente; destruirlos a (Rodrigo) Frías, y (Byron) Guillén, es la última oportunidad que tienen, el camino está listo se les ha involucrado en el caso Metástasis».
Además, el correo amenazaba con consecuencias legales y públicas si no se seguían las instrucciones: «Esta es la última oportunidad que se les da, caso contrario, vamos a terminar con ustedes de manera judicial, pública y políticamente…».
Ante esta situación, los comisionados mostraron evidente nerviosismo y preocupación. La presidenta Gabriela Cadena solicitó protección a la Policía Nacional y no descartaron denunciar el incidente ante la Fiscalía para garantizar la integridad de todos los involucrados.
La fase de impugnación representa el último paso en el proceso de selección del Defensor Público, tras concluir las etapas de méritos y oposición. Los candidatos mejor calificados en el concurso hasta la fecha son:
- Rodrigo Daniel Frías Toral: 96,46 puntos
- Byron Guillén: 83,46 puntos
- Jorge Cristóbal Ballesteros Ballesteros: 80,07 puntos
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social asegura que permanecerá vigilante ante estas amenazas y trabajará para garantizar la transparencia y la seguridad en este proceso crucial para la institucionalidad y el ejercicio de la justicia en el país.
