El Tribunal Supremo de Venezuela confirmó este viernes la inhabilitación política para ocupar un cargo público que pesa sobre la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, según un fallo divulgado en la página web del organismo.

“La ciudadana María Corina Machado Parisca está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años”, afirmó el máximo tribunal.

Machado fue elegida como la candidata de unidad de la oposición al presidente Nicolás Maduro en una elección primaria celebrada en octubre en la que obtuvo una amplia victoria.

Semanas después, tras la firma entre el gobierno y la oposición venezolana de los llamados acuerdos de Barbados, encaminados a facilitar la celebración de unas elecciones presidenciales con garantías en Venezuela este año, Machado solicitó al tribunal que aclarara si estaba sujeta a inhabilitación.

La líder del movimiento Vente Venezuela ha mantenido que nunca se le comunicó formalmente ninguna inhabilitación, por lo que no podía negársele el derecho a disputarle la presidencia a Maduro en las elecciones previstas para este año.

Este viernes, tras conocer el fallo del tribunal, Machado publicó en su cuenta de X que “el régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados”.

“Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias”, añadió.

Machado acusó a Maduro y a su “sistema criminal” de haber escogido el camino de unas “elecciones fradulentas”, y pronosticó que “eso no va a pasar”.

El pasado junio, la Contraloría General de Venezuela (CGR) informó que inhabilitó a Machado para postularse a cargos de elección popular durante un plazo de 15 años, reseña BBC Mundo.

La información la dio a conocer el diputado José Brito, miembro de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo.

La inhabilitación se justificó entonces en el apoyo de Machado a las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, así como su respaldo a Juan Guaidó, dirigente opositor que ocupaba la presidencia del Parlamento venezolano y que se proclamó presidente interino de Venezuela en enero de 2019, luego de que Maduro inició un segundo mandato tras reelegirse en unas votaciones consideradas como fraudulentas por EE.UU., la Unión Europea y otros países.

Para la oposición venezolana, el veto a Machado supone un intento de Maduro de evitar enfrentarse a una dirigente mucho más popular y volver a adulterar el juicio de las urnas.

El proceso de Barbados, “herido de muerte”

La confirmación del veto a Machado como candidata presidencial supone un serio revés para el proceso negociador iniciado en Barbados.

Estados Unidos, que en octubre alivió temporalmente las sanciones al gobierno de Maduro gracias a un acuerdo sobre garantías para las elecciones, ha condicionado la continuación de esa revisión a que Caracas comience a levantar las prohibiciones y libere a los presos políticos y a los estadounidenses “detenidos injustamente”.

El levantamiento de las inhabilitaciones impuestas a las principales figuras de la oposición, como Machado o Henrique Capriles, había sido otra de las condiciones exigidas por Washington.

El acuerdo firmado en octubre permitió a los candidatos opositores recurrir su inhabilitación ante el máximo tribunal del país, que lleva años fallando reiteradamente a favor de los intereses del gobierno.

Machado acudió en diciembre al Tribunal Supremo y ahora se encuentra con la confirmación de que no le dejan participar.

Ya en la víspera, la vicepresidenta y figura clave del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, había anunciado que Machado no podría ser candidata.

Rodríguez también confirmó a Nicolás Maduro como candidato del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El clima político en Venezuela volvió a enrarecerse recientemente. El gobierno denunció un supuesto complot para asesinar a Maduro y acusó a periodistas y activistas de ser parte de él.

Poco antes, tres dirigentes regionales de la campaña de Machado fueron detenidos y vinculados a una presunta conspiración contra el gobierno, según acusación del fiscal general, Tarek William Saab, quien anteriormente fue diputado constituyente y gobernador electo por el chavismo.

Saab dijo que Guillermo López, Luis Camacaro y Juan Freites, ya detenidos, eran parte de un grupo de al menos 11 personas que presuntamente intentó robar el año pasado un parque de armas militares, para luego atacar a Freddy Bernal, gobernador oficialista en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.

En medio de estas denuncias de conspiraciones que han derivado en la detención de civiles y militares, Maduro dijo el jueves que los acuerdos que firmó su gobierno con la oposición en octubre de 2023 están “heridos de muerte”.