El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a través del juez Fernando Muñoz, ha impuesto una multa de USD 20 000 al excontralor General del Estado, Pablo Celi, por una infracción electoral grave, junto con la suspensión de sus derechos de participación política por un lapso de cuatro años.
La sanción monetaria impuesta a Celi asciende a 40 salarios básicos unificados del trabajador en general, conforme al valor en vigencia al momento de la infracción electoral. Este monto deberá ser depositado en la cuenta “Multas” del Consejo Nacional Electoral (CNE) en un plazo máximo de 120 días, contados desde la fecha en que la sentencia se torne ejecutoriada.
El artículo 279 del Código de la Democracia establece que “las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multas de 21 a 70 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años”.
La resolución emitida por el juez Muñoz determina que Celi, en calidad de autoridad ajena a la Función Electoral, interfirió en su funcionamiento. En consecuencia, se ha solicitado al Ministerio de Trabajo que registre el impedimento del excontralor para ocupar cargos públicos.
Celi, en su posición como Contralor General del Estado, aceptó el informe de auditoría elaborado por Manuel Santiago Araujo, director nacional de Auditoría Interna del Consejo Nacional Electoral. Dicho informe recomendaba la exclusión del registro de organizaciones políticas a varios movimientos nacionales, aunque el juez electoral lo ha declarado inocente.
La denuncia contra Celi se centró en el cometimiento de la infracción electoral muy grave, tipificada en el artículo 279, numeral 7 del Código de la Democracia, referente a la interferencia en el ejercicio de las funciones de los órganos que conforman la Función Electoral.
Se ha constatado que, a través de un informe vinculante de Contraloría, se instruyó al Consejo Nacional Electoral revocar las resoluciones que otorgaban personalidad jurídica a varios movimientos políticos de alcance nacional. Esta acción ha sido interpretada como una intromisión directa en el ejercicio de las competencias que corresponden de manera exclusiva al CNE.
Celi, además, enfrenta cargos en el ámbito judicial, incluyendo una condena a 13 años de cárcel por delincuencia organizada en el Caso Las Torres, así como su implicación en el Caso China CAMC por el presunto delito de cohecho. Tras su salida de la Cárcel 4 de Quito en abril de 2022, donde cumplía prisión preventiva por el caso Las Torres, se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su condición de adulto mayor.
