En cumplimiento de la resolución de la Asamblea Nacional, que facultó a la Comisión de Transparencia, Control Social y Participación Ciudadana fiscalizar la firma del acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se escucharon los criterios del sector de transporte sobre la eliminación de los subsidios a la gasolina y el incremento de sus precios.

Comparecieron Víctor Moncayo, presidente de la Federación Nacional de Tricimotos y Mototaxis; Luis Díaz, presidente de la Cámara de Transporte Turístico; Luisa Angamarca, presidenta del Consorcio de Transporte Turístico; Ángel Macías, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte Pesado; y, Washington Núñez, presidente de la Federación Nacional de Transporte Urbano.

El presidente de la comisión, Patricio Chávez manifestó que es importante dar la oportunidad a todas las voces para que emitan sus posturas en torno al reciente acuerdo suscrito por el Ejecutivo con el FMI, y una de ellas es la de los transportistas, por cuanto es uno de los sectores directamente afectados por la medida.

Víctor Moncayo, representante de los tricimotos del país, afirmó que por el lado del gremio se llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional, sobre las compensaciones que recibirá para enfrentar el impacto de la elevación de los precios de los combustibles.

No corrió la misma suerte el sector del transporte de turismo que estuvo representado por Luis Díaz y Luisa Angamarca. Díaz dio a conocer que el gremio no fue convocado a las reuniones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Según indicó, solo el 30 % del sector del transporte ha sido considerado para alcanzar acuerdos, mientras que el 70 % ha quedado fuera, como es el transporte de turismo, “por no estar afiliados a gremios”, aseveró.

Aseguró que son, aproximadamente, 12 mil familias del transporte de turismo que están golpeadas, ya que es el único medio de subsistencia. Corroboró el perjuicio, Luisa Angamarca, que, a la vez, expuso las necesidades del transporte turístico, entre ellas, seguridad administrativa pública en procesos de trámites, licencias para compañías y regularización de sus vehículos.

Del lado del transporte pesado del Ecuador y del transporte urbano también existe un rechazo al alza del precio de los combustibles. Ángel Macías, del gremio, denunció que además del incremento del IVA, el alza de los precios significa un doble perjuicio para la economía del transporte pesado, que, por otro lado, es víctima de la delincuencia, ya que el servicio que presta, inicia en las primeras horas de la madrugada.

Washington Núñez, presidente de la Federación de Transporte Urbano, dijo que este gremio se encuentra en peligro de seguir operando por las focalizaciones e incremento de combustibles.

Durante el debate, los miembros de la comisión mostraron su preocupación por el pronunciamiento generalizado de los transportistas.

La legisladora Lucía Posso cuestionó si el sistema de compensaciones es fructífero. En forma generalizada, los comparecientes sostuvieron que no representa ni un 5 % del gasto operante.

La comisión de Participación Ciudadana se comprometió a fiscalizar a profundidad este acuerdo con el FMI. “La medida recrudece la frágil economía de los ecuatorianos y lo que deseamos es un Ecuador más próspero y equitativo”, dijo Patricio Chávez, al finalizar la sesión.