Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, víctima de femicidio, y Ariadna Reyes, especialista en políticas públicas de igualdad, comparecieron ante la Comisión de Garantías Constitucionales, donde se trata el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás familiares de Víctimas de Femicidio.
En esta ocasión, Elizabeth Otavalo participó como abuela del hijo de María Belén Bernal. Ambos pasan a ser parte de los familiares de las víctimas de femicidio. Solicitó una red de contención y la protección del Estado porque, según dijo, “les debe mucho, en especial la Fiscalía”.
Insistió que han vulnerado sus derechos al no agilitar el proceso de contención y sugirió que “se haga un levantamiento de información básico por parte del MIES y Fiscalía, y que exista comunicación entre ellos para atender oportunamente los casos de femicidio”. Se refirió al bono de orfandad y mencionó que con 120 dólares no se puede atender las necesidades de los hijos e hijas en orfandad. “La canasta básica sobrepasa los 700 dólares, con 120 no se sostiene”, reclamó.
Exhortó a los comisionados a que el proyecto incluya los derechos de los niños a tener vivienda, educación y salud. “Debemos seguir avanzando con nuestro proyecto en los ministerios de Trabajo, de la Mujer, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y en la administración de justicia”, afirmó. Además, argumentó que es imprescindible la necesidad de acceder a un trabajo, para sostener a los hijos e hijas que quedan a cargo de la familia materna, para que no se les entregue a los familiares de los femicidas.
Por su parte, Ariadna Reyes habló sobre la propuesta de una política pública de reparación integral, con la participación de actores judiciales, operadores de la protección integral de los derechos y de la organización de mujeres.
Expresó que existen 100 casos que pueden aportar a la construcción del proyecto. Aseguró que es deber del Estado asegurar medidas efectivas para prevenir la violencia, investigar, sancionar y reparar de forma eficaz, útil y pertinente el daño sufrido por las víctimas. “También implica protección y atención integral”, insistió.
“Es un derecho de las víctimas y sobrevivientes, y un deber del Estado que aspiramos que la ley desarrolle”, enfatizó, al recordar que este proyecto debe articularse con la reforma a otras leyes, entre ellas, el COIP y la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia.
La asambleísta Gissela Garzón puso en conocimiento de la comisión una investigación de política pública de reparación integral, que da cuenta de la necesidad del enfoque en prevención, incluso para ahorrar recursos. Esta investigación informa sobre los recursos que se destinan para atender los casos de violencia, en lugar de destinarse a la prevención.
Paola Cabezas, presidenta de la comisión, manifestó que es una responsabilidad de la mesa legislativa dar la atención que requiere el proyecto de Ley. “No queremos pensar en una ley punitiva, esta ley tiene que permitirles a las víctimas contar con un Estado presente, para que no se vuelva a padecer lo que Elizabeth Otavalo y otras víctimas han pasado”, insistió.
