El exjuez de la Corte Constitucional, Agustín Grijalva, analizó las implicaciones del caso Nene y las opciones que tiene la Asamblea Nacional para autorizar el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta Verónica Abad.

Grijalva abordó las implicaciones y posibles pasos a seguir en el caso de la Vicepresidenta Verónica Abad, quien no se presentó en el consulado de Ecuador en Israel para rendir su versión en el caso Nene.

Grijalva en una entrevista con Notimundo, aclaró que “técnicamente se necesitan 92 votos para que se autorice el enjuiciamiento penal de un presidente o vicepresidente, en este caso de Verónica Abad. Sin la aprobación de la Asamblea, la justicia no puede llevar a cabo ningún proceso penal en contra de Abad,” citando el artículo 120 numeral 10 de la Constitución que otorga esta atribución a la Asamblea Nacional.

El exjuez comentó sobre las declaraciones de Vicente Tayano, jefe de bancada del Partido Social Cristiano, quien calificó el documento que motiva la convocatoria como “caramelo envenenado” debido a su carácter reservado. Grijalva expresó que “si no se le provee a la Asamblea de los suficientes elementos de juicio, sería difícil tomar una decisión informada.”

Ecuador aprueba reglamento que permite el cambio de género en documentos de identidad

Grijalva destacó la importancia de la transparencia en los procesos judiciales y políticos: “Una característica del Estado de derecho y del estado democrático es la transparencia y la información. Es absolutamente excepcional los casos de reserva, que generalmente tienen que ver con seguridad nacional. Si es un asunto de corrupción, todos tenemos derecho a saber qué exactamente han llevado a la fiscalía a esta indagación.”

Respecto al juicio político, Grijalva explicó que aunque la Asamblea no autorice el procedimiento penal por el caso Nene, podría iniciar un juicio político contra la Vicepresidenta por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, sin necesidad de un enjuiciamiento penal previo. Sin embargo, se requiere un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.

Grijalva resaltó que la Corte Constitucional ha clarificado recientemente que no solo verifica los requisitos formales del juicio político, sino que también revisa que la Asamblea respete el debido proceso y que los hechos y delitos planteados sean creíbles y coherentes. “Con este precedente de la Corte, desarrollar un juicio político tiene que responder a estándares y requerimientos jurídicos más exigentes,” concluyó Grijalva.

El exjuez subrayó que cualquier proceso debe ser llevado con la máxima transparencia y respetando la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia penal.