El reciente recorte de 160 contratos ocasionales en el Gobierno Nacional y la posibilidad de reducción de 830 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) han generado un debate sobre las políticas de gasto y ajuste fiscal para el año 2024. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, señaló que el pago anual por contratos ocasionales en el Gobierno Central asciende a $1.160 millones, y hasta la fecha, 160 personas con contratos vencidos al 31 de diciembre fueron desvinculadas.
La medida de recorte fue instruida por el presidente Daniel Noboa en noviembre de 2023, con excepciones para mujeres embarazadas, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas. Núñez asegura que no se busca una política de despidos intempestivos, sino optimizar el gasto sin afectar contratos vigentes.
En cuanto al IESS, el presidente del Consejo Directivo, Eduardo Peña, reconoció la existencia de un exceso de empleados, señalando que se han evaluado y prescindido de aproximadamente 830 contratos ocasionales desde diciembre de 2023. No obstante, las cifras oficiales del IESS indican una reducción de 165 empleados en enero de 2024.
El economista Eduardo Rivas y el miembro del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, plantean dudas sobre la eficacia de los anuncios oficiales. Rivas cuestiona si el Gobierno tiene un plan para frenar el crecimiento de los gastos en sueldos, transferencias al IESS y pagos de intereses de deuda, los cuales aumentaron significativamente en 2023, contribuyendo a la crisis fiscal.
A pesar de las declaraciones sobre la optimización del gasto, las cifras de enero de 2024 revelan un aumento en los sueldos de la burocracia del Gobierno Central y las transferencias al IESS. Eduardo Rivas señala que, en el mejor de los casos, el déficit fiscal podría alcanzar los -$5.456 millones en 2024, contradiciendo las afirmaciones oficiales.
El país sigue a la espera de conocer el Presupuesto General del Estado para 2024, que debe presentarse antes del 20 de febrero. Los analistas sugieren la necesidad de cambios estructurales para evitar un escenario de mayor déficit y atrasos.
En comparación con la decisión del presidente argentino Javier Milei, quien anunció la desvinculación de 50.000 burócratas en dos meses, Ecuador enfrenta desafíos significativos en términos de ajuste fiscal y reorganización de la burocracia.
